Ante los graves crímenes denunciados por la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma), el asesinato de nueve campesinos y 18 heridos en Alto Mira y Frontera, Tumaco; y los ataques a la misión de verificación, denunciados por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) manifiesta su rechazo por las explicaciones dadas desde la fuerza pública que justifican los ataques contra la población civil.
El General Luis Fernando Rojas Espinoza, comandante de la Tercera División del Ejército, manifestó en una entrevista a la W Radio: “Nosotros vemos que la persona responsable de estos hechos es alias Guacho, quien obliga a los campesinos de diferentes veredas, a participar de la protesta”. Esta afirmación es falsa, además, las presiones ejercidas por actores armados ilegales, no pueden convertirse en una justificación para disparar contra la población civil, atentar contra sus vidas y violar el derecho a la protesta pacífica.
El ocho de octubre, la Policía Nacional hizo público un comunicado en el cual intenta justificar la agresión contra la Comisión Humanitaria de Verificación al señalar que “3. Un grupo indeterminado de personas intento ingresar a la fuerza por la parte posterior de la base, circunstancia que conllevó a que los uniformados activaran dos granadas de aturdimiento, que no dejaron heridos”. Esta explicación no reconoce que la presencia de la Comisión fue informada previamente, que una de las defensoras de derechos humanos sufrió heridas leves y que el ataque se produjo pese a que en forma reiterada los integrantes de la Comisión se identificaron. Nos preocupa que los miembros de la Fuerza Pública estén intentando esconder su responsabilidad en los hechos y garantizar la impunidad de los uniformados responsables.
Valoramos la decisión del Comando de la Policía de proceder con la suspensión disciplinaria a cuatro policías participantes del ataque y el relevo de 102 agentes de la Policía, lo que implica la responsabilidad directa de los agentes del Estado en la masacre cometida y las agresiones a la población desarmada de Tumaco. En este sentido, se debe aplicar la misma sanción a los agentes del Estado de mayor rango que públicamente han justificado el accionar de estos agentes, desconociendo sus labores como garantes de la seguridad de los ciudadanos. En especial, deben ser apartados de sus cargos los generales William Salamanca y Luis Fernando Rojas, pues sus afirmaciones no solo justifican los actos de violencia cometidos por sus hombres, sino que su permanencia en la zona significa un riesgo para el desarrollo de la investigación independiente que realizarán los organismos competentes.
Dentro del actual escenario de construcción de una paz estable y duradera, se debe garantizar una Fuerza pública para la Paz, por lo que los hechos ocurridos la última semana en Tumaco son injustificables. Para este fin, es indispensable revisar las doctrinas de seguridad que rigen a los agentes del Estado para: Primero, adecuarlas al respeto integral del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las funciones establecidas en la Constitución Política. Segundo, acabar con la legislación que promueve la concepción de “enemigo interno” y garantizar que Nunca Más se repitan estos crímenes de Estado.
