El Ministerio de Medio Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la Contraloría y la Procuraduría General hicieron presencia ayer en el proyecto hidroeléctrico de Ituango y en las poblaciones aguas abajo de la presa para verificar las afectaciones ambientales generadas tras el cierre de la segunda compuerta de captación, el pasado martes.

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