El decreto 1167, expedido el 11 de julio de 2018, fijó un período de tres meses para que las víctimas que pretendían ser incluidas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente presentaran su solicitud ante la Unidad de Restitución. El plazo vence este jueves, pese a que hay una demanda en el Consejo de Estado contra la medida.

De acuerdo con la denuncia hecha por la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas(CDDHHPI), 121 familias que habitan en los resguardos Rio Domingodó y Mamey Dipurdu en Carmen del Darien, Chocó, están en situación de confinamiento por cuenta del control territorial y asentamiento que está realizando un grupo paramilitar desde abril de este año.