Mineros de Segovia y Remedios protestan para exigir garantías de formalización

Medio Ambiente

Por tercera vez en lo que va de julio, los pequeños mineros de esos municipios del Nordeste de Antioquia se manifiestan públicamente para exigirles al Gobierno y a Gran Colombia Gold condiciones reales y justas para su proceso de formalización.

Debido a la incertidumbre para el ejercicio de su labor ancestral, pequeños mineros de Segovia y Remedios se hallan en protesta indefinida desde primera hora del pasado viernes. La manifestación fue convocada por la Mesa Minera de Segovia y Remedios, que representa a los pequeños productores ante la Mesa de Soluciones Mineras establecida con la Gobernación de Antioquia y la multinacional Gran Colombia Gold.

Según Eliober Castañeda, presidente de la Mesa Minera, esta manifestación pública y pacífica obedece a varias razones. Entre ellas, la más importante es “la falta de implementación de medidas necesarias, adecuadas y proporcionales para la formalización de los mineros tradicionales y ancestrales, y de los entables y comercializadores de oro que completan la cadena productiva”.

Precisamente para avanzar en ese proceso, la Mesa de Soluciones Mineras se reúne desde octubre de 2016. Sin embargo, las propuestas que han realizado los pequeños mineros para la formalización de sus minas no han sido acogidas por la multinacional que, dicen, intenta “imponer un contrato de operación injusto” para quedarse con el mayor porcentaje de las ganancias de la explotación aurífera.

Otro de los motivos para protestar es la legislación minera. En efecto, están en desacuerdo con el Proyecto de Ley 169 de 2016, que reforma el código penal para castigar la “explotación ilícita de yacimientos mineros” y que, por ende, exterminaría a los mineros informales. Y rechazan el Decreto 1102 de 2017 que adopta medidas relacionadas con la comercialización de minerales.

Por esas condiciones, “no aguantamos más la zozobra de que en cualquier momento llegue el Gobierno y, por favorecer a la multinacional, nos desaloje a todos nosotros. Es que el Gobierno le ha dado potestades a las multinacionales, casi como para que se conviertan en pequeños estados. Por eso, estamos haciendo uso del derecho constitucional a la protesta”, expresó Castañeda.

Condiciones de formalización son “injustas”

Fernando Gómez, secretario de Agricultura, Minas y Medio Ambiente de Segovia, explicó que Gran Colombia Gold posee a perpetuidad el Reconocimiento de Propiedad Privada (RPP) 140, mediante el cual explota un área de aproximadamente 2.800 hectáreas en el distrito minero de Segovia-Remedios.

En lo que de esa área corresponde a Segovia están ubicadas las minas El Silencio, Providencia y Sandra K –y Carla, en Remedios–, que generan alrededor de 1.400 empleos. Cabe indicar que de los más de 40.000 habitantes de esa población, cerca del 90% de las familias dependen de la minería, pues se dedican a trabajar en la cadena productiva que se desprende de cada una de las unidades mineras informales asentadas sobre el RPP 140.

sin embargo, precisó Gómez, la multinacional no quiere que los pequeños mineros estén asentados en su título de propiedad si no es bajo las condiciones que ella impone a través de contratos de operación, “que son desventajosos para los mineros, muy injustos; casi que tratando de imponer un método moderno de esclavismo”. Y, de ese modo, “les quiere desconocer su ancestralidad y trayectoria”.

Al respecto, el ingeniero metalúrgico Andrés Castellanos, quien ha trabajado desde la dirección de minas de la Alcaldía de Segovia, explicó que a cambio de otorgar ese tipo de contrato la multinacional exige que todo el material aurífero extraído en las unidades mineras informales sea llevado hasta su planta María Dama, donde lo procesan y le asignan unos valores.

“Allá el equipo técnico lo muestrea, lo analiza y le pagan a los mineros. En resumidas cuentas, a estos les queda entre un 20 y un 30% del mineral que mandan para la planta; mientras que la empresa se queda con el 70% y, a veces, hasta más. Y los mineros se quejan de que los tenores (gramos de material por tonelada) que ellos reportan siempre están por encima del que les reconocen en la planta”.

Eliober Castañeda aseguró que, a raíz de eso, la Mesa Minera le entregó el pasado 22 de mayo una propuesta de formalización a la multinacional, planteándole que “les permita conservar al menos el 40% de la producción a los pequeños mineros”, para garantizar la subsistencia del resto de actores de la cadena productiva que se hallan en la informalidad.

Pero aún no ha habido respuesta; en parte porque la Mesa de Soluciones, que debería reunirse mensualmente, no lo ha hecho desde mayo. Sobre eso José Noguera, vicepresidente de la Gran Colombia Gold, sostuvo ante medios nacionales que el plazo para negociar la formalización se venció en noviembre de 2016, a pesar de lo cual tendrían una respuesta para la próxima sesión de la Mesa: el 26 de julio.

Temen operativos contra la minería informal

La tensión entre los pequeños mineros, representados por la Mesa Minera de Segovia y Remedios, y Gran Colombia Gold ha aumentado en los meses recientes. Una demanda interpuesta por la multinacional, para que se les corte el suministro de energía a algunas unidades mineras, y una acción popular radicada por la Mesa Minera en respuesta a los impactos ambientales de la empresa han profundizado el conflicto.

Sumado a eso, hay rumores sobre la presencia de autoridades ambientales que se habrían encubierto entre los mineros para indagar cómo trabajan en las unidades mineras, las plantas de beneficio y los puntos de compra de oro. Igualmente, hay rumores sobre posibles intervenciones de las autoridades judiciales contra los pequeños mineros, mediante acciones de amparo administrativo.

De hecho, una de las razones por las que se inició la protesta fue la información que obtuvo la Mesa Minera sobre intervenciones que se harían a entables, ventas de oro y al menos una unidad minera: Cogote. De ahí que los mineros y sus familias se hayan instalado allá, dispuestos a defender su fuente de empleo de los procedimientos de la Fuerza Pública.

Debido a eso, el Gobierno Departamental y otras autoridades competentes acudieron el jueves al Batallón Energético y Vial N°8 de Segovia para reunirse con la Mesa Minera. Al finalizar la reunión, la secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Ramírez, resaltó que ese municipio es el único antioqueño con reconocimiento de su labor ancestral por decreto, y desmintió públicamente los rumores de operativos contra la minería tradicional.

“No hay operativo alguno ni de cierres técnicos de minas ni de desconexión de energía; ni para Cogote ni para ninguna de las empresas (unidades mineras) que están en negociación con el Gobierno Departamental en la Mesa de Soluciones. Se deja claro que ni siquiera el Gobierno Nacional ha manifestado algo al respecto. Lo que nos interesa como resultado es organizar el municipio”.

Protesta se prolongará hasta que haya garantías

Eliober Castañeda, presidente de la Mesa Minera de Segovia y Remedios, afirmó que los pequeños mineros permanecerán en protesta pacífica indefinidamente. “Estaremos en pie de lucha hasta que a nuestra gente le den garantías de que mañana o después no va a volver la multinacional a criminalizarnos y a intentar desalojarnos con amparos administrativos”.

Solo así, adujo, se dejará de “bloquear la cadena productiva de la minería tradicional y ancestral de estos dos municipios”, que está integrada por las chatarreras, quienes viven de las piedras que desechan los mineros; los ‘güeveros’, que piden porciones de material de mina; los motocargueros y arrieros, que transportan; y los titulares de entables de procesamiento y puntos de venta del oro.

Aseveró que, para sostener esa cadena, han estado dispuestos desde hace tiempo a recibir orientaciones de las autoridades ambientales que los conduzcan a ejercer la minería de una forma sostenible. “Tenemos la voluntad de aprender a trabajar con tecnologías limpias, pero necesitamos que el Gobierno deje de reprimirnos y, en vez de eso, venga y nos ayude a acceder a herramientas y alternativas”.

Entre tanto, pequeños mineros, como los agremiados en la Asociación de Mineros del Bajo Cauca, han expresado su apoyo a la Mesa Minera de Segovia y Remedios. Y, como aquella, hacen llamados a los demás mineros informales del país para que rechacen públicamente las políticas que intentan, simultáneamente, exterminarlos a ellos y favorecer a las multinacionales y a particulares con títulos.

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Escrito  por:

LISANDRO TERRYL RODRIGUEZ

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Históricamente solo ha sido la movilización social y la lucha las que ha permitido que el pueblo tenga eco ante el Estado, en el magisterio la movilización permitió el decreto 2277/79 que dio garantía de estabilidad, la Ley 91 de 1989, que creo el FOMAG, resultado de la movilización social de la década del 90, la Ley 60 de 1993, de distribución de recursos y competencias; Ley 115 de 1994 o Ley General de la Educación pero también se han vivenciado pusilánimes posiciones de FECODE que han hecho retroceder las reivindicaciones del magisterio y de la educación pública.

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