De acuerdo con el último informe de Transparencia Internacional, Colombia completa 12 años sin avance en percepción de corrupción y se ubica en uno de los países más corruptos del mundo, muy a pesar de los cambios normativos y leyes de anticorrupción que se han generado y las movilizaciones que han surgido por parte de la población civil para exigir procesos de investigación y aplicar las sanciones pertinentes frente a los casos.
Para colmo de males, esta parece resurgir en tiempos de crisis, sobre todo cuando las instituciones y los mecanismos de control y vigilancia son débiles y la desconfianza ciudadana se vuelve insuficiente.
Hoy, nos encontramos desafortunadamente, frente a una pandemia generada por el coronavirus y una pandemia de corrupción que al parecer no da tregua, desencadenando esta última, una serie de denuncias por parte de la comunidad frente al mal uso los recursos y las ayudas asignadas para las familias vulnerables del departamento del atlántico, quienes padecen el aislamiento desde hace más de un mes.
El presunto hecho y de acuerdo a las denuncias realizadas revela procedimientos por valores desorbitantes en la contratación, movilización y entrega de los kits humanitarios o mercados, que además tienen unos sobrecostos en los productos de la canasta familiar de más del 27% y 50% de los costos reales. Estos actos de corrupción por sobrecostos en la contratación parecen tocar no solo a la ciudad de barranquilla, también se han dado situaciones similares en los municipios de malambo y soledad y se ha desplegado por el resto de muchos departamentos del país entre los que se encuentran Cesar, Cundinamarca, Arauca, Norte del Santander, Tolima, Meta y San Andrés.
Frente a estos hechos, la Procuraduría General de la Nación ha iniciado 11 investigaciones en estos departamentos y le han puesto la lupa a 217.000 contratos que están por más de 800.000.000.000 millones de pesos, que sobrepasan los costos de contratación.
Así mismo, se han realizado varias denuncias frente al programa de Ingreso solidario, el cual presenta irregularidades con el proceso de asignación de aportes que otorgará $ 160.000 mil pesos a 3 millones de personas.
Las denuncias hechas por los usuarios dejan ver que se registran como favorecidas personas ya fallecidas y números de cédulas incoherentes y falsas, denuncian además, que personas que realmente necesitan y se encuentran en estados de vulnerabilidad no son beneficiadas. Según las aclaraciones por parte del gobierno nacional, se trata de supuestas fallas en la plataforma del Departamento Nacional de Planeación y por tal motivo la página fue cerrada.
Y mientras el gobierno de turno en cabeza del presidente Iván Duque mantenga el discurso de rechazo a estas acciones de corrupción sin tomar fuerte medidas en contra de las personas que ejecutan estos actos, que en su mayoría son funcionarios públicos los resultados no mejoraran y Colombia seguirá siendo el país más corrupto del planeta.
Paradójicamente, Las irregularidades en los procesos de contratación pública siguen siendo la principal forma de corrupción administrativa y aunque los decretos de emergencia social y económica les permiten a los mandatarios locales completa discrecionalidad para disponer de los recursos públicos se hace necesario fortalecer el ejercicio ciudadano local, dándole herramientas a los beneficiarios y organizaciones de la sociedad civil para que ejerzan un mayor control social y denuncias frente a hechos de corrupción. Hay que seguir generando sentido de pertenencia y cultura ciudadana que incluya el cuidado de lo público, lo necesitamos con urgencia para velar por un mejor manejo de los recursos públicos en Barranquilla y el Atlántico y mientras tanto como decía mi abuela seguirá gobernando la ley del embudo: lo ancho para ello y lo angosto para uno.