Colombia, un país lleno de riquezas naturales, culturales, étnicas, con una gran biodiversidad y unos paisajes maravillosos, hoy revive uno de los peores momentos de su historia reciente. Durante las últimas semanas y desde el comienzo de este año 2020, se han desarrollado una serie de hechos violentos y sangrientos que han tocado a casi todos los territorios del país y su población, en especial las principales ciudades y zonas rurales de los departamentos como el Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Nariño.
Desde el comienzo del periodo Duque, el derramamiento de sangre no ha dado tregua. Se ha visto con gran preocupación como ya van a la fecha más de 650 líderes sociales asesinados, en lo que va del año más de 45 masacres en diferentes partes del país y con ello nuevamente masas de población desplazadas por el recrudecimiento de la guerra. A esto se suma, que en ciudades como Bogotá y Medellín se han presentados hechos como el asesinato del estudiante de derecho Javier Ordoñez que atizó el descontento general pues volvemos a estar gobernados por una elite que defiende a las mafias, que es insensible ante las masacres a la población defensora de sus territorios y de sus recursos naturales.
Ante este panorama de muerte, miles de jóvenes y personas salieron a las calles a protestar y a manifestarse en contra del continuo abuso policial, hecho que solo obtuvo como respuesta una implacable represión la cual dejó 13 muertos y centenares de heridos, muchos de ellos con armas de fuego, evidente respuesta desmedida por parte de las fuerzas del orden público; es decir, de quienes deberían salvaguardar la integridad y vida, más no quitarla. Esta situación fue aprovechada por el gobierno nacional y por algunos medios masivos de comunicación para crear escenarios de distracción pues se responsabilizó de estos hechos a un conjunto de “vándalos” y de líderes políticos, sociales y comunitarios, lo que generó un mayor descontento sobre todo en las organizaciones sociales y sindicales, pues tales señalamientos ponen en peligro el derecho fundamental de manifestarse, sobre todo de los sectores minoritarios.
Evidentemente estos acontecimientos han removido los sentires y el descontento de millones colombianos, pues este país que esperaba seguir construyendo caminos hacia la paz va cada vez más alejándose de esta; más aún, cuando el gobierno central le da la espalda a este pueblo y con sus campañas de señalamientos y persecución y que han desatado en contra de las organizaciones sociales, líder populares y sindicales, una de amenazas por parte de la reingeniería paramilitar, acentuando cada vez más la desigualdad, la violencia y la impunidad. Sin embargo, a pesar de todo esto siguen surgiendo voces de lucha que quieren avanzar en la construcción de una paz integral. Una paz con justicia social, que logre el alcance de una vida digna, una Colombia justa, democrática, participativa y respetuosa de todos los Derechos Humanos y constitucionales. Seguimos adelante, luchando por las transformaciones que necesita nuestro país.