1. Carnetizacion no es garantía del derecho a la salud
25 años después de la vigencia de la Ley 100 o ley general de salud presentada al Congreso por su ponente y expresidente, hoy senador Álvaro Uribe Vélez, el gasto público en salud corresponde a casi un 5,4% del PIB para el 2020, teniendo su mayor pico en el año 2015 (6,05%), según cifras de la Universidad de los Andes de esta forma este sistema de salud va disminuyendo lentamente hasta el año 2020 por debajo de Bolivia, Cuba, Nicaragua, Uruguay y Argentina la salud de los colombianos exhibe un balance catastrófico; ha sido convertida en mercancía y bajo el pretexto de la cobertura universal se halla en manos de la especulación del capital financiero, siendo norma que el Estado haya abandonado la salud pública. En cobertura, el principal objetivo aparente de la Ley, según los cálculos más bondadosos estiman que un 37% de la población permanece sin ningún tipo de aseguramiento.
Cerca de 25 millones de compatriotas, sin trabajo, ni ingresos, o trabajadores tercerizados, informales o a destajo precisamente los más pobres de la nación, permanecen en el modelo de la Ley 100 sin protección real en salud bajo el paradójico eufemismo de “población vinculada”, aunando a lo anterior según Cálculos del gobierno, dados a conocer por la revista SEMANA que nuevas personas que pueden demandar servicios del sistema de salud, esto si se considera que en este momento hay 1.408.055 venezolanos en Colombia, de los cuales solo 742.000 tienen sus papeles en orden. A estos se suman unos 500.000 colombianos que han regresado al país en los últimos años, el gobierno mediante “Carnetización” que no equivale a “cobertura”; asegurando que están en el status de “sisbenizado” solo da el derecho a engrosar una larga fila de espera regulada por intereses ajenos al bien común.
2. Régimen subsidiado y régimen contributivo con fantasma del paseo de la muerte
Tampoco la población asalariada y sus familias, asegurados bajo el llamado “régimen contributivo”, tienen razones para estar satisfechos, trasladan la responsabilidad de la salud a las EPS privadas, donde bajo la permisibilidad gubernamental son víctimas de una estructura administrativa y de servicios inadecuada que genera un control irracional de costos y el sacrificio de la calidad de atención por el afán de lucro. Tal es el escenario de quienes poseen “la mejor protección de salud” del país. Como puede inferirse de lo expuesto, la adopción en Colombia de un modelo basado en convertir a la salud en mercancía, permitiendo la incursión del sector financiero y otorgándole el manejo de los recaudos, no ha traído nada bueno para los intereses de nuestra sociedad.
Tampoco prevalece el derecho a la eficacia en la atención, entendida como recibir la mejor opción terapéutica para la enfermedad de acuerdo con la evidencia científica; ello es producto de las restricciones impuestas en un vademécum caprichosamente diseñado donde solo se receta ibuprofeno o acetaminofén, cuando no como resultado de las limitaciones de personal e insumos que en su afán de “reducir costos” aplican las EPS privadas, estrategia tras la que se oculta la intención de aumentar la tasa de ganancia. Así, mientras en unas predomina el interés del lucro, en las otras hay abandono estatal.
3. Evidente problema de salud que los medios poderosos no ocultan el drama de la atención
Hoy el pueblo en general acuden a la protesta social(artículo 37 C.P.) por el derecho a la salud digna (el artículo 49 C.P), contradictoria realidad donde el deber de su prestación como servicio público esencial obligatorio, se ejecute bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado y con calidad, los mismo medios de comunicación corporativos CARACOL y RCN informan que los médicos se han proletarizados en condiciones indignas de trabajo sin que les pague su salario a tiempo; para con médicos mal pagos, médicos residentes sin remuneración, el presente mes de agosto del 2019 la alcaldía de Bogotá de Peñaloza acabo la posibilidad que los estudiantes de medicina hagan su práctica en la RHP(Red hospitalaria publica), enfermeras explotadas, entidades prestadoras que adeudan millonadas a hospitales públicos, ya que los fondos se esfumaron a cuentas en el exterior, yates, propiedades en EEUU, fincas y en paraísos fiscales; la atención para el pueblo colombiano ha cobrado cientos de vidas a lo ancho y largo del país, el ‘Paseo de la muerte’ ya deja 189 víctimas durante 2018 y lo corrido del 2019 ya alcanza la cifra de 135 casos profundizado por la llegada de los extranjeros, salir airoso de una enfermedad en Colombia es una real hazaña.
4. El supernegocio con la vida de 50 millones de personas
El 2018 se registran en el top cinco de las EPS con mayores ganancias, la de rendimientos más altos fue Salud Total, con $52.739 millones; luego Capital Salud, con $51.816 millones; EPS Sura, con $48.175 millones; Medimás EPS, que obtuvo $48.144 millones; y Mutual Ser, $38.711 millones. Están entre las 50 empresas más grandes de Colombia. El año pasado éstas tuvieron ventas como aseguradores del sector salud ingresos superiores a $64 billones y los prestadores privados reportaron ingresos por $60 billones, recursos con los que en el agregado, se obtuvieron utilidades por más de $2,3 billones, donde el grueso de ganancias se concentra en los prestadores de servicios de salud, sintetizando la lógica del lucro por encima de la vida, superando inclusive los ingresos operacionales del Banco de Colombia, el primer banco del país, su comportamiento financiero fue catalogado como “excelente” al alcanzar un crecimiento financiero del 25,26%, cifra cinco veces superior al promedio nacional que fue de 5,74%. Se cumple así la máxima del Premio Nobel de Economía, Milton Friedman: “Hay una y solo una, responsabilidad social de las empresas (privadas), cual es la de utilizar sus recursos y comprometerse en actividades diseñadas para incrementar sus actividades”.
Varios factores han incidido en este desmesurado crecimiento, siendo los más destacables:
1) El derecho a la intermediación concedido por la Ley 100, gracias al cual captan y especulan financieramente con los dineros de la salud de los colombianos,
2, Bajo la permisibilidad gubernamental, las EPS privadas desarrollaron su llamado “crecimiento vertical” con el que estas empresas de la salud se venden a sí mismas la atención en clínicas propias, aumentando sus jugosas ganancias a costa de “abaratar costos de operación”.
Lo anterior deforma la calidad del servicio y subyuga al profesional. El control de costos en salud, una política que tiene sentido en la medida que no sacrifique la calidad de la atención (esto es, el acceso, oportunidad y eficacia de la misma) es esgrimida como argumento para justificar un aumento de la tasa de ganancia del capital financiero a costa de la salud de los usuarios, la perspectiva: luchar por un modelo de salud basado en la equidad y la calidad y por revertir la tragedia.
Como hemos podido apreciar, la salud en Colombia se encuentra gravemente enferma. No es sorprendente si consideramos que ésta refleja la realidad de la Nación. Colombia entera se halla en una de la más graves encrucijadas de su historia y, bajo el dominio norteamericano, hoy en el marco de las políticas de la OCDE (Organización de cooperación para el desarrollo) padece desde hace un cuarto de siglo los efectos de una arrasadora política económica de recolonización que ha quebrado la industria y el agro, empobrecido las capas medias y llevado a la indigencia a más de una tercera parte de la población. En tal sentido, la única manera de obtener unas condiciones dignas y sostenibles de salud para los colombianos será el alcance de la soberanía y con ella el desarrollo pleno de nuestro aparato productivo.
El problema principal radica en el haber permitido que el capital financiero incursione en el sector y asuma el cobro de esa especie de “peaje “que significa la intermediación de los dineros de la salud. De este modo sus ganancias se derivan de especular con el dinero de la salud de los colombianos y al tiempo, negar y restringir el derecho de la población a la salud. La intermediación financiera debe suspenderse, lo que es posible si los recaudos de los trabajadores pasan a ser administrados por fondos sin ánimo de lucro cuyo objetivo único sea contratar servicios de salud de alta calidad ya que enfermarse en Colombia es un lujo.
5. ¿Qué hacer?
Lo primero es la movilización del pueblo colombiano que exija con urgencia redireccionar los recursos hacia el fortalecimiento de la red pública, urgente que el Estado fortalezca su estructura en salud y cuente de nuevo con un Ministerio de Salud que retome la conducción de los problemas sanitarios públicos en forma centralizada desde donde se planee, ejecute y evalúe el impacto de intervenciones orientadas al control de los graves problemas de salud que aquejan al país. Ello podría atenuar la marcha hacia atrás que rápidamente ha emprendido la salud pública del país bajo el modelo neoliberal. Con un nuevo modelo de salud que persiga el acceso equitativo, oportuno y de calidad a la atención de los colombianos, una red pública financiada y fortalecida y unos programas de prevención dirigidos y financiados por un sistema único nacional del Estado, la salud de los colombianos podría superar parcialmente sus actuales escollos, en busca de un mejor mañana..
Webgrafia
Afidro.2019. recuperado:https://www.afidro.org/innovacisalud-encolombia-universidad-de-los-andes
Revista Semana.2019.R:https://www.semana.com/nacion/articulo/consecuencias-en-salud-de-la-migracion
Caracol. 2019. https://caracol.com.co/radio/2018/10/03/nacional/1538571677_077170.html
El espectador. 2019 https://www.elespectador.com/noticias/salud/ganancias-para-prestadores-de-servicios-
Fuente principal
La Ley 100: el fracaso estatal en la salud pública. Luis Ángel Villar C.
Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Industrial de Santander, UIS.
*Historiador, Esp. En Educación en Tecnología, Magister en Pedagogía.
Docente de Ciencias Sociales I.E.D. Las Villas (Cogua)