Informe revela la injerencia del conflicto armado en los espacios de debate, en el que durante 40 años guerrillas y paramilitares sembraron el terror.
Registros históricos del conflicto armado en Colombia dan cuenta que, al menos desde la década de los 70, las universidades públicas del Caribe experimentaron la presencia de actores armados que ocuparon espacios y expresiones del movimiento estudiantil a través de la violencia, configurando así otro escenario de la guerra.
Decenas de jóvenes, docentes y dirigentes sindicales universitarios cayeron bajo el fuego o fueron desaparecidos a manos de los actores armados. Todo eso resquebrajó la autonomía administrativa universitaria, las organizaciones sindicales y el movimiento estudiantil, situación que evidenció “duros golpes” contra los procesos democráticos en las casas de estudios.
Una parte de todo este conflicto quedó recogido en un informe que el Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ) y las universidades del Caribe realizaron y que entregarán a la Comisión de la Verdad el próximo lunes.
El documento hace un análisis de cómo se dio el inicio de una etapa marcada por la estigmatización que, durante varias décadas, trajo consigo hechos violentos hacia quienes, desde el debate y el pensamiento crítico, le apostaron a propiciar transformaciones sociales basadas en el conocimiento.
La estigmatización –según el estudio– no solo resquebrajó las legitimidades de las expresiones estudiantiles y sindicales de las universidades del país, sino que también se convirtió en un elemento que construyó imaginarios sobre quienes defendían la universidad pública y se movilizaban en busca de este objetivo.
En el Caribe colombiano, desde finales de la década del 70, grupos subversivos como el Eln, Epl y Farc ocuparon espacios y reclutaron cuadrillas de personas para sus proyectos armados.
Desde mediados de los 90, entre tanto –recoge el informe– las Autodefensas Campesinas de Colombia (Auc) iniciaron la toma de las universidades del Caribe. El proyecto paramilitar se concentró en el control social y las rentas de los espacios universitarios.
En Córdoba y Sucre –expone el informe– las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu, y, posteriormente, las Auc “difundieron un discurso antisubversivo que desencadenó una oleada de persecución contra sindicatos de profesores y empleados universitarios”.
La década que va de 1997 hasta 2007 se convirtió en la de mayor violencia en contra de estos colectivos en la historia de las universidades públicas de la Costa Caribe.
¿Qué pasó?
Durante los tiempos analizados de extrema tensión, distintos sectores de la sociedad colombiana consideraban que las universidades públicas no eran escenarios en los que se formaban los jóvenes que, en su mayoría, venían de comunidades más vulnerables, sino más bien “un espacio de trifulca y de formación de la insurgencia”.
William Renán, docente e investigador, dijo que en la Universidad del Magdalena se registró, por los años 80, el mismo escenario de enfrentamientos que se daba en las universidades públicas del Caribe y el resto del país.
La universidad del Magdalena, según el académico, fue objeto de un “gran escándalo” cuando en la década del 80 se denunció que en su campus se entrenaban a estudiantes para ingresar a la guerrilla. Además, agentes especiales de la fuerza pública, pertenecientes al F2 y al DAS, “realizaban trabajos de inteligencia en el interior de las instituciones”.
En la Universidad del Atlántico (UA), por ejemplo, los asesinatos de estudiantes y trabajadores son cerca de veinte, de acuerdo con los informes del Centro Nacional de la Memoria Histórica y el informe entregado a la ICTJ.
Pero la situación de esta universidad también quedó recogida en un libro publicado recientemente con el título ‘Las fracturas del alma mater’, una investigación de Muriel Jiménez Ortega, Edwin Corena Puente y Christian Maldonado Badrán que aborda las memorias de la violencia en la universidad entre 1998 y 2010.
La investigación señala que esa violencia en la casa de estudios dejó 22 personas asesinadas, 10 detenidas, 4 torturadas y más de 100 amenazadas.
“Si bien los impactos del conflicto en las universidades del Caribe fueron distintos, esas diferenciaciones no son para señalar que fue mejor o peor. La letalidad fue la misma y trastocó la vida universitaria y el proyecto educativo, volviendo a la universidad en un escenario de miedo. La violencia reemplazó el lenguaje democrático”, indicó Muriel Jiménez, investigadora de la UA.
En la Universidad de Córdoba, Salvatore Mancuso llegó a manejar la toma de decisiones y a instalar las prácticas administrativas y criminales a su favor. En la Universidad del Magdalena la contratación de algunos servicios, como el del aseo, fueron cooptados, mientras se asesinaban a estudiantes y docentes.
En las universidades de Cartagena y Sucre las amenazas y asesinatos contra líderes también evidenciaron que la violencia era generalizada en las instituciones de educación superior de la región.
Algunas prácticas de guerra se usaron en este período. Por ejemplo, el panfleto se convirtió en un mecanismo a través del cual se difundieron los discursos de odio, guerra e intimidación. Y sus objetivos apuntaron a generar el miedo colectivo, la disminución de la movilización social y el silencio impuesto.
En el ámbito del gobierno universitario, el paramilitarismo impuso prácticas administrativas de acuerdo con su lógica de captura de renta y beneficio en favor de la guerra. De este modo, su intervención tuvo variables en el método utilizado para apropiarse de la toma de decisiones en el interior del Consejo Superior en la Universidad de Córdoba o en la incorporación de personal en las nóminas de varias universidades públicas de la región como en la de Sucre, con el fin de contratar personas afines a sus intereses.
En las universidades del Magdalena y del Cesar, el paramilitarismo logró imponer su lógica guerrera. De acuerdo con un testimonio del ex comandante paramilitar, alias 101, su incidencia alcanzó hasta la elección del rector de la Universidad Popular del Cesar, en 2004.
Margarita Jaimes, docente e investigadora, afirmó que en la Universidad de Sucre la violencia se diferenció a la de otras instituciones de educación superior públicas.
Durante la época del paramilitarismo, según Jaimes, hubo un acto hegemónico. En Sincelejo estos grupos paramilitares cooptaron la universidad y eso hizo que no se dieran asesinatos como en la Uniatlántico y en la del Magdalena, pero hubo control al ejercicio político del movimiento estudiantil.
Una misión para explicar el entramado de la guerra
La comisionada Marta Ruiz ha dicho que estos informes, sobre lo que se vivió en las universidades del país y que le han sido entregados a la Comisión, sirven para mostrar la victimización que se vivió en las universidades impidiendo el libre desarrollo de la cátedra, del pensamiento y los ataques a los líderes estudiantiles.
“Las universidades públicas han sido sinónimo de debate y lugares de transformación social, pero también fueron escenarios donde se expresó el conflicto armado. Estas no fueron islas y formaron parte de esa realidad. Se pasó de la controversia y el debate a una violencia muy grave, el silencio y el exilio. Hubo incidencia de la guerrilla y una alta participación del paramilitarismo en los últimos 30 años”, señaló Ruiz
La Comisión de la Verdad ha optado, según la comisionada, por examinar patrones de violencia, no esclarecer casos individuales. Además de generar unos contextos explicativos para aclarar el por qué se produjeron.
“El conflicto armado interno no es solo una dinámica bélica, es también una dinámica política, que se enlaza con lo social y nosotros debemos dar una explicación histórica sobre cómo se relacionaron los grupos armados con la política, con lo social e incluso con lo cultural. Nuestra misión es explicar el entramado que nos llevó a tener un conflicto tan largo y que llega a dejar 9 millones de víctimas”, dijo la comisionada.