Una vez más (y ahora más que nunca), nos encontramos ad portas de un posible proceso de paz que plantea a corto plazo la posibilidad de la firma de unos acuerdos que hoy por hoy, cumplen ya tres años largos y que sin tapujos o secretos, traen consigo algunos desacuerdos entre los negociadores y representantes máximos de dicho proceso.
Situación que pone de manifiesto, la desconfianza de muchos sectores sociales que miran con cierto dejo la posibilidad de una paz estable y duradera, ya sea por las razones que sean, o porque sencillamente llevamos más de 60 años viviendo en medio de un conflicto armado interno y más de 30 buscando soluciones y posibles propuestas que lo puedan superar.
Así las cosas, se ha generado una gran expectativa que trasciende actualmente las fronteras de nuestro territorio, convirtiéndonos en un país en el que todas las miradas de la comunidad internacional apuntan hacia nosotros.
Pero lejos de la perspectiva negativista y tecnócrata de muchos colombianos, no está de más recordar que pese a los malos balances que históricamente nos dejan los intentos de diálogos para un posible proceso de paz en Colombia, se han logrado (en muchos de los casos) éxitos parciales, a pesar de fracasos rotundos que sirven de insumo para que en la actualidad se dude de este proceso.
Estos rasgos que a mi manera de ver considero como avances o éxitos parciales en la historia violenta y armada de Colombia, podría enumerarlos como grandes espaldarazos que luego de más de 30 años, se ven reflejados en los acuerdos a discutir en la mesa de diálogo de la Habana en Cuba; por ejemplo, en el año de 1982 (fecha oficial en que el gobierno colombiano inicia políticamente un proceso de paz con la insurgencia - FARC EP- ), bajo el mandato presidencial de Belisario Betancur, se reconoce que la insurgencia es un factor político en Colombia, es decir que tiene sus raíces o principios en una causa política, y que por tal motivo, era necesario crear espacios de negociación y diálogo. Además, se determinó en aquel momento por parte del alto gobierno que la nación requería de un cambio en la política interna que permitiera democratizarla para garantizar una eventual participación de estos actores violentos en el caso de una reintegración a la sociedad.
Por otro lado en el año de 1986 y a pesar de un gran distanciamiento entre el gobierno del expresidente Virgilio Barco con las FARC-EP, se logra la desmovilización, entrega de armas e incorporación a la vida civil y política de grupos guerrilleros como el M-19, el grupo indígena QUINTIN LAME y una parte importante del EPL. (Aunque no se puede negar que precisamente en la década de los años 90 se congela cualquier intento de negociación y se recrudece la violencia en Colombia).
Luego, para los años posteriores vemos que el gobierno central en cabeza del expresidente Ernesto Samper, muestra un marcado interés por una posible negociación con la insurgencia bajo parámetros como verdad, reconciliación, perdón, reparación y no olvido. Todo ello con la participación de la comunidad internacional, el reconocimiento del estatus político de las FARC-EP el ELN y el EPL, la experiencia de otros países como el caso de Centro américa, la participación directa de los distintos actores sociales implicados en el proceso, la creación de una comisión para la verdad, una posible reforma política para el posconflicto que determine jurídicamente sanciones y responsabilidades de los grupos alzados en armas y sobre todo, la disposición de lograr acuerdos en pro de la paz. Pese a ello, y al fracaso que vendría después con el despeje o zona de distención, se puede determinar que muy a pesar de los tropiezos subrayados en la historia de nuestro país, se lograron algunos avances, los cuales, sin lugar a dudas pasaron a ser la espina dorsal del proceso actual. Es decir que se aplica el dicho del profe Maturana cuando afirmó en una entrevista que “Perder, es ganar un poco”.
Esto hace evidente que la política de nuestro país ha sido recurrente en su afán por lograr la paz y el progreso de la nación, indistintamente del trasfondo político de los mandatarios de turno; por lo menos, eso es lo que podemos apreciar después de esta pequeña radiografía y los acercamientos entre el gobierno de Santos Calderón y la guerrilla de las FARC, que dieron lugar en Oslo (Noruega) y que ahora se llevan a cabo en la Habana Cuba.
Actualmente, completamos casi tres años y cuatro meses de negociaciones entre las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (Ejercito del pueblo) FARC-EP, y el gobierno del señor Juan Manuel Santos (Desde el 18 de Octubre de 2012 hasta hoy 29 de Enero de 2016), las cuales han venido sufriendo desenlaces controversiales y generado todo tipo de discusiones en muchos de los ámbitos de la política colombiana, sin embargo prevalecen los conceptos como “la terminación inmediata del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, políticas claras de desarrollo agrario integral que reconozca y haga visible al campesinado colombiano, identificándolo como parte integral del proceso y garantizándole condiciones dignas para ejercer sus labores en una tierra cuyo único dueño debe ser el mismo y su familia (toda vez que para nadie es un secreto que el hilo conductor que dio origen a esta violenta guerra, ha sido la tierra, motivo por el cual se gesta desde el campo colombiano un proceso político antagónico que orienta su discurso hacia el levantamiento en armas para acceder al poder y buscar así, un cambio social garante de la dignidad de ese sector), la participación política de los desmovilizados, una salida clara y viable al problema de las drogas ilícitas, mecanismos de refrendación de los acuerdos pactados en la Habana y no menos importante, la determinación de quienes son víctimas de este conflicto para su posterior reparación.
Sin embargo, no está demás preguntarnos si realmente los desacuerdos que separan las partes negociadoras del conflicto podrían provocar un distanciamiento aún más grande y poner en riesgo las fechas límites que se aproximan (23 de Marzo de 2016) para ver de una vez por todas el fin de la guerra, ya que si bien es cierto, el gobierno colombiano deja entre ver que los acuerdos deben partir de la creación de una comisión de la verdad, la ley de víctimas, el dejamiento de las armas (según se estima, un aproximado de 20 mil) e investigaciones imparciales que verifiquen las diferentes y múltiples violaciones de derechos humanos (DD-HH) y el derecho internacional humanitario (D.I.H), como también delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, con el fin de determinar criterios que permitan procesar a dichos actores, indilgar responsabilidades, juzgamientos y condenas.
Mientras que las FARC-EP plantean también (buscando ceñirse a los acuerdos pero con algunos matices diferentes) que los acuerdos deben girar en torno a la justicia social con miras al campo, con políticas públicas que determinen más inversión social y reduzcan la brecha de desigualdad y pobreza, la participación política de los diversos sectores incluyendo a los desmovilizados producto de los acuerdos de la Habana, resaltando el perdón político y la no privación de la libertad de sus miembros.
Pero si de desacuerdos se trata, recordemos las ultimas apreciaciones de uno de los miembros negociadores de las FARC-EP en la Habana; el señor Jesús Emilio Carvajalino, alias Andrés Paris; quien expresó (hace algunos días) que el grupo revolucionario considera firmemente la posibilidad de no entregar las armas hasta no terminar el proceso de paz por parte del alto gobierno y cumplir a cabalidad con el último punto de la agenda acordada. (Recordemos que esta propuesta fue acogida en el proceso de paz de Irlanda del Norte por el grupo armado IRA). Así pues, me atrevería a concluir que se avecina un pequeño cuello de botella, entre otras cosas porque para muchos colombianos (con el auspicio de los medios de comunicación) se podría mirar a las FARC-EP, NO como un grupo armado con una visión actual netamente política, sino como una banda de forajidos que desde sus guaridas cometieron ilícitos y se equivocaron de horizonte en plena luz del día; desconociendo que dicha propuesta puede llegar a ser viable sólo con un poco de disposición si tomamos el ejemplo de los norirlandeses. (Y no estoy diciendo que apruebo los actos ilegítimos y desaciertos de los señores de las FARC, solo trato de ver las cosas desde la necesidad de un acuerdo de paz que atienda a los requerimientos del derecho internacional humanitario y las leyes colombianas, pero expedito y de frente a la realidad del país).
Teniendo en cuenta lo anterior, es fácil enumerar las ventajas que trae consigo este proceso de paz, pues más allá de abrir espacios de reflexión como la posibilidad que nos brinda este escrito, está también la de apuntar al desarrollo de la nación, la consolidación de una economía más estable, el retorno de las familias y poblaciones enteras a sus territorios y hogares, la reconciliación de un país que se sometió a los vejámenes del odio y el olvido, la oportunidad de escuchar por fin la verdad del pueblo colombiano y 32 mil guerrilleros desmovilizados convencidos de que no es necesario un fusil para dialogar en medio de la diferencia y por supuesto, el compromiso de todos y cada uno de los que sufren y anhelan un mejor despertar de nación.
Finalmente solo queda por decir en palabras de Karol Józef Wojtyla (Juan Pablo II) que “Hasta que quienes ocupan puestos de responsabilidad no acepten cuestionarse con valentía su modo de administrar el poder y de procurar el bienestar de sus pueblos, será difícil imaginar que se pueda progresar verdaderamente hacia la paz”.
Miguel Ángel Castellanos Angulo