Eso significa que se destrabó el trámite de extradición que hizo Estados Unidos en contra de Martín Leonel Pérez Castro, conocido en la guerra como "Richard", por delitos de narcotráfico. Era uno de los excomandantes del frente 30 de la exguerrilla pero hoy es considerado un "traidor" para el partido FARC.
La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) le negó la garantía de no extradición, contemplada en el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, a Martín Leonel Pérez Castro, conocido en la guerra como Richard, uno de los excomandantes del frente 30 de la exguerrilla. Eso significa que se destrabó el trámite de extradición que hizo Estados Unidos en su contra y pronto puede ser enviado a este país a responder por delitos de narcotráfico.
Por unanimidad, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, a través del auto SRT-AE-043 del 1 de octubre de 2019, negó la aplicación de esta garantía que permite a los exguerrilleros tramitar sus procesos de justicia transicional en Colombia,ante una petición de extradición de un país extranjero.
Pérez Castro había pedido esta garantía a la JEP, argumentando su pertenencia a las extintas Farc-EP, y que, por ende, los hechos por los que fue solicitado en extradición por parte de Estados Unidos guardaban relación directa con el conflicto armado.
La justicia estadounidense lo tenía en la mira desde 2016. El 17 de noviembre de ese año lo pidió en extradición por seis delitos relacionados con narcotráfico, ocurridos entre 2009 y 2014.
El análisis y estudio de la Sección de Revisión estableció que si bien Pérez Castro fue reconocido como integrante de las Farc-EP, según las distintas sentencias en las que ha sido procesado en la justicia ordinaria, estas solo dan cuenta de dicha pertenencia hasta el año 2002. Tampoco se demostró que siguiera militando en esa organización o que no desarrollara actividades ilícitas por cuenta propia.
De hecho, en su momento, según el exmiembro del secretariado de las Farc, Mauricio Jaramillo, conocido como el Médico, Richard fue un desertor de los principios e ideales de las Farc, y además le hizo mucho daño a la organización”. Incluso, recalca Jaramillo, este personaje desertó antes de que fuera capturado en julio de 2014 y luego se unió a los paramilitares. “Él sí tiene expedientes judiciales en contra por fariano, pero por hechos antes de desertar”.
Así quedó registrado en una declaración pública del 31 de julio de 2014, que hizo el Estado Mayor del Bloque Occidental:“Su descomposición ideológica y sus mezquindades personales lo llevaron a desertar de nuestras filas hace algún tiempo, llevándose consigo bienes del movimiento y recursos
destinados a la lucha revolucionaria”.
Por esa razón, Pérez Castro no fue acreditado como miembro de las Farc-EP según el listado recibido y aceptado por el Alto Comisionado para la Paz con motivo de la firma del Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Pero otra cosa sostenía Richard y en este proceso buscó acreditar que había formado parte de las Farc durante 22 años y que, incluso, participó en el secuestro de los 12 diputados del Valle. Por eso, un juez falló a su favor y le otorgó amnistía de Iure, a finales del 2017, para que su caso fuera juzgado por la JEP. No obstante, su libertad condicionada se detuvo hasta la fecha por su solicitud de extradición por Estados Unidos.
Sobre los delitos de narcotráfico, la Sección de Revisión concluyó en su auto que familiares y personas cercanas a Martín Leonel Pérez Castro estuvieron involucradas en delitos de blanqueo de bienes o recursos, producto de actividades ilícitas desarrolladas por éste, con propósitos de lucro particular. Y de ellos no existe ningún vínculo de estos con la antigua organización subversiva.
¿Un frente narcotizado?
De acuerdo con la información que en su momento recogieron autoridades colombianas y panameñas, el frente 30 de las Farc buscó ejercer un dominio en el cauce de los ríos Mira, Patía, por el Pacífico nariñense, y Micay, en la costa Pacífica caucana. Este último pasa por López de Micay, un municipio con mucha selva, pero que, al toparse con el mar, crea muchas playas que se habilitan como rutas o líneas del narcotráfico hacia Panamá. Ese escenario les permitió estar muy cercanos a carteles de droga.
Por ejemplo, la Fiscalía Primera de Panamá, a finales de 2014, lideró la llamada operación internacional Anguila, luego de detectar que por el citado municipio pasaba una ruta que unía intereses del cartel de Sinaloa con el frente 30 de las Farc. Y en ese momento, el expediente detalló la participación de la insurgencia en actividades de narcotráfico con mexicanos y panameños, con base en los seguimientos que la Policía de ese país le hizo a la organización mexicana, cuyo origen era precisamente el municipio costero del departamento del Cauca. Así quedaron registrados movimientos de Martín Leonel Pérez Castro, alias Richard.
Información que desacreditó la Sección de Revisión de la JEP, al decir que Pérez Castro pudo "desarrollar supuestas actividades de narcotráfico aprovechando la militancia que tuvo en las Farc-EP hasta el año 2002, lo que le permitió gestionar y obtener una ingente cantidad de recursos económicos, canalizando estos para su propio beneficio y de terceros cercanos y, en todo caso, con esta actividad desvirtuó el móvil político e ideológico propio de la rebelión". Y, por tanto, para la JEP, para la época en que ocurrieron los hechos (entre 2009 y 2014) por los que es solicitada su extradición, Pérez Castro "no pertenecía a la organización guerrillera y por eso las conductas por las que es requerido en extradición no tienen vinculación directa ni indirecta con el conflicto armado".