Un análisis de cómo va lo pactado en La Habana, en medio del anuncio de rearme de un grupo de excomandantes que integraron esa guerrilla.
La noticia del rearme de algunos exmiembros de las Farc, que se rumoraba hace semanas, se confirmó este jueves con un video de 32 minutos, en donde el exjefe de la delegación de paz de la guerrilla, Iván Márquez, anunció su regreso a la confrontación armada. La declaración la hizo junto a otros excomandantes de los que se desconocía su paradero: Enrique Marulanda, Aldinever Morantes, Henry Castellanos (Romaña), Iván Merchán, Seuxis Pausias Hernández (Jesús Santrich), Hernán Darío Velásquez (el Paisa), entre otros.
En el video, Márquez aseguró que continúan la lucha guerrillera “en respuesta a la traición del Estado a los Acuerdos de Paz de La Habana”. Lo cierto es que, más allá del juego ideológico de una nueva guerrilla que busca su justificación armada, la implementación del Acuerdo de Paz ha venido caminando a marchas forzadas en medio de un lenguaje ambiguo del gobierno de Iván Duque que, por una parte, trabaja por lo pactado y por otra tiene una visión que choca con el Acuerdo.
Esto, sin embargo, no puede desconocer que el Acuerdo ha permitido salvar vidas. Cuando empezaron los diálogos, el enfrentamiento interno dejaba en promedio 3.000 muertos al año entre civiles y combatientes, según la Unidad para las Víctimas. En 2017 esa cifra se redujo a 78. Esto en comparación con 2002, por ejemplo, cuando las víctimas del conflicto fueron 19.640.
El Acuerdo de Paz, firmado en el acto formal del 24 de noviembre en el teatro Colón, plantea una agenda ambiciosa que apunta a terminar el conflicto con las Farc y avanzar en la transformación de los territorios históricamente afectados y marginados por la guerra. Son 578 compromisos por parte del Estado para resolver esos asuntos.