Un estudio revelado por la CCJ evidencia que la versión sostenida por el Estado que concibe a estos grupos armados como "Bacrim" se aleja de la realidad y desconoce las dimensiones reales del fenómeno paramilitar, arraigado profundamente en el país.
En Colombia no hay paramilitarismo. Decir que lo hay significaría otorgarles reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común y organizada”, dijo en enero de 2017 el entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Lo decía luego de que se conocieran denuncias sobre grupos paramilitares que estarían copando territorios dejados por las Farc en los alrededores de Tumaco, Nariño. Nada más opuesto a la realidad, según una investigación realizada por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que evidencia que el fenómeno paramilitar está lejos de estar extinto.
Bajo el título de “Organizaciones sucesoras del paramilitarismo”, la CJJ exploró las líneas de continuidad que es posible identificar entre las estructuras pre y posdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Si bien hay consenso en que después del sometimiento a la ley de los grupos paramilitares en 2005 persistieron estructuras armadas, diversos sectores difieren en la manera de concebirlos.
Para el Estado colombiano se ha tratado de “Bacrim” (bandas criminales) con cierto grado de organización cuyo fin es únicamente ejecutar actividades delincuenciales para obtener recursos económicos. En la otra orilla se sitúan sectores académicos y de investigación como el Centro Nacional de Memoria Histórica que han sostenido el planteamiento de que las estructuras armadas actuales responden a organizaciones neoparamilitares que tienen vínculo directo con las estructuras anteriores a la desmovilización.
Para la CJJ es claro que las organizaciones sucesoras del paramilitarismo tienen claros vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia e incluso sus raíces históricas pueden rastrearse desde mediados de la década de 1960. “El paramilitarismo es más que una expresión armada. Es un fenómeno político, económico, social y cultural arraigado en el país”, explica Silvia Becerra, autora del libro. Agrega que el orden instaurado por los paramilitares en varios territorios continúa vigente hoy.
De acuerdo con Becerra, el fenómeno se ha reproducido en Colombia por un marco jurídico proclive al paramilitarismo. Desde el decreto 3398 de 1965 que autorizaba a militares la entrega de armas de guerra a los civiles, hasta el decreto 356 de 1994 que dio origen a las “Convivir”.
Entre tanto, se configuraba en el país el paramilitarismo como concepto que tomaba forma bajo la idea de la autodefensa y que fue legitimado por distintos sectores de la población. En los territorios en los que el auge paramilitar se sintió con mayor fuerza, como el Magdalena Medio, el Urabá o el departamento de Córdoba, los órdenes instaurados por dichos grupos permanecen casi intactos.
Un testimonio de un líder, recogido en el informe, da cuenta de la dimensión real del fenómeno: “¿Quién no está involucrado con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en estos territorios? ellos son el Estado, tienen el poder social, el control territorial, son dueños de los transportes, de los establecimientos, todos les pagamos sus impuestos”.
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La situación que describe el líder puede obedecer a lo que sucede en municipios como Turbo, Mutatá, Carepa, en Antioquia; Barrancabermeja, en el corazón del Magdalena Medio; o Morales, San Pablo, y Simití, en el sur de Bolívar.
Es por eso que para la CJJ es claro que “el paramilitarismo, en cuanto fenómeno social, no desapareció de la sociedad colombiana con la desmovilización”. Hay una brecha muy grande entre desmovilización y desmantelamiento, según apunta el estudio.
“Es necesario que el Estado acepte el paramilitarismo como parte de una estrategia estatal en la que participaron, además de la Fuerza Pública, poderosos sectores locales de la sociedad colombiana que se beneficiaron con los crímenes cometidos por estos grupos. Si no se parte de allí para caracterizar el fenómeno, el objetivo de desmantelamiento seguirá postergado, pues crea confusiones incluso al interior del Estado, frente a la manera de enfrentarlo”, se lee en el documento.
Durante la presentación del libro de la CJJ, el pasado 6 de febrero, el vicedefensor del Pueblo, Jorge Enrique Calero, reveló cifras que coinciden con el panorama señalado por el estudio. “En 2006 se identificaron 22 estructuras armadas ilegales en más de 15 departamentos. Ahora tenemos 27 departamentos del país con presencia de grupos armados ilegales posdemovilizados o sucesores del paramilitarismo”, dijo el funcionario.
Según Calero, la estructura armada con mayor presencia en el territorio nacional es la de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que tiene injerencia en 19 departamentos. A dicho grupo le siguen Los Rastrojos, en 10 departamentos y Los Caparrapos, presentes en ocho.
Para el defensor, es clave que el Estado reconozca estas estructuras como grupos armados organizados posdesmovilización más allá de denominarlos llanamente como “bacrim”. Ello garantizaría que las estrategias tomadas para enfrentarlos correspondan con las dimensiones reales del fenómeno.
El llamado de la CCJ para que el Estado cope los territorios en los que grupos armados han consolidado el control social, fue respaldado también por la procuradora delegada para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición, Mónica Cifuentes.
De acuerdo con la funcionaria, en aras de reducir la impunidad en los casos en que funcionarios del Estado tengan responsabilidad con el accionar paramilitar, "la Procuraduría ha declarado la imprescriptibilidad de la acción disciplinaria en casos de lesa humanidad".