También ha prestado sus servicios a varios ingenios azucareros, a la SAC y asesoró a este gremio en la redacción de alguno de los proyectos antecesores a la Ley Zidres.
Varias de estas organizaciones han sido denunciadas penalmente por violaciones a los Derechos Humanos u otros presuntos delitos. La Unión Sindical Obrera demandó a Pacific por daños ambientales, violación de la libertad de asociación, y por la restricción ilegal de transporte en vías públicas. Esta denunció generó persecuciones y montajes en contra de los sindicalistas. De otro lado, las denuncias que presenté el año pasado sobre las compras de tierras en Puerto Gaitán (Meta) de parte de Major International Oil, filial de Pacific, también ameritarían investigaciones penales. Hay maniobras financieras muy cuestionadas y personajes ligados a carteles del narcotráfico que aparecen en la tradición de algunos bienes.
Contra Cerrejon existen también varios procesos. Por nombrar uno, está el caso de don Pedro Ávila Durán, que reclama la propiedad de las tierras donde hoy se encuentra la mina. Más los reiterados desalojos que han sufrido comunidades indígenas de La Guajira para dar paso a la actividad de la empresa.
Acaparadores de tierras en la Altillanura como Riopaila, Cargill, Poligrow y Monica Semillas también tienen procesos en la Fiscalía por hechos relacionados con esas adquisiciones. Otro de los clientes de Néstor Humberto, Corficolombiana, propiedad de Sarmiento Angulo, también adquirió tierras en el Meta. Esto, sumado a su asesoría en la elaboración de proyectos de ley que buscaban legalizar tales compras, le restaría mucha legitimidad a Néstor Humberto para investigar a acaparadores y despojadores de tierras.