Ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, Soraya Gutiérrez, vocera del Movimiento de Víctimas de Agentes del Estado - MOVICE- afirmó que si bien el Acuerdo de Paz suscrito por el Gobierno y las Farc "genera esperanzas", ello no significa que se deba dar un tratamiento jurídico "suave" a los agentes del estado.
Indicó la representante que el acuerdo de paz "puede ser el escenario que permita el reconocimiento de nuestros derechos, al tiempo que permitirá avanzar en un proceso de transición que tiene como fin último la consecución de una paz estable y duradera".
Sin embargo, ello no justifica no solo la creación de nuevos mecanismos judiciales o extrajudiciales, "sino también la adopción de medidas excepcionales para su establecimiento, las cuales tienen como finalidad facilitar la consecución de principios y valores de un carácter tan elevado como son: la verdad, la justicia, la no repetición, la paz, las garantías de no repetición y la reconciliación".
En ese punto pidió al alto tribunal condicionar la Jurisdicción Especial de Paz, al afirmar que "es necesario erradicar el discurso oficial de las tesis negacionistas, que no tienen otro propósito que falsear la historia atribuyendo todos los hechos victimizantes al conflicto armado para proteger a los autores, cómplices, beneficiarios políticos y económicos".
Afirmó que se deben establecer "responsabilidades individuales, sociales e institucionales en estos procesos de represión, persecución masiva y sistemática contra el movimiento social, popular y de oposición política en Colombia". Pues es la forma de garantizar "la renovación de servidores públicos vinculados a violaciones de derechos humanos, la desclasificación y depuración de los informes de inteligencia, y las reformas institucionales necesarias, entre ellas, al sector defensa y seguridad".
"Este no es un tema de entrar en una guerra jurídica como lo planteó el Fiscal General en su intervención, o persecución contra los Agentes de Estado, sino de atenernos al orden constitucional vigente en consonancia con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al contexto de criminalidad sistemática y generalizada de estos delitos cometidos por miembros de la fuerza pública, que han sido ampliamente documentados por informes oficiales, organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos internacionales, así como por Tribunales nacionales e internacionales" añadió.
Agregó que "bajo ningún entendido, puede ser más favorable su tratamiento, sino que al contrario, cualquier trato que reciba debe ser más exigente, dada dicha posición de garantes y el mayor grado de diligencia en su calidad de funcionarios públicos".
"Igualmente, de ninguna manera se pueden equiparar los delitos cometidos por Agentes de Estado, así sean de menor entidad, a los delitos políticos. Si un servidor defrauda la confianza pública es merecedor de un mayor reproche penal. La conducta punible del servidor público cometida con ocasión del conflicto, es diferente al delito político, que en su naturaleza constitucional" afirmó.
PAOLA SANTOFIMIO