La JEP informó esta semana que hasta el momento ha recibido 91 declaraciones voluntarias por ejecuciones extrajudiciales o mal llamados ‘falsos positivos’, de las cuales 37 versiones las ha entregado el Batallón La Popa, de Valledupar, convirtiéndose así en la unidad militar que mayor cantidad de casos ha confesado.
El Batallón La Popa pertenece a la Décima Brigada del Ejército, que opera en el Cesar y en La Guajira. El general Nicacio Martínez, comandante del Ejército, fue el segundo al mando de esta brigada entre 2004 y 2006, y por ello ha sido señalado por medios de prensa y organizaciones de derechos humanos internacionales de estar involucrado en supuestos pagos de recompensa en caso que luego se supo correspondían a ejecuciones extrajudiciales.
Martínez, recientemente ascendido a general de cuatro soles en la plenaria del Senado con el respaldo de las bancadas gobiernistas e independientes, ha negado los hechos y ha afirmado que no tiene investigaciones penales ni disciplinarias formales al respecto.
Víctimas barranquilleras
EL HERALDO conoció la decisión judicial más reciente sobre los ‘falsos positivos’ vinculados con el Batallón La Popa, de los que resultaron víctimas dos estudiantes barranquilleros: Orlando Villarreal Cortés y Rubiel López.
Se trata de la acusación y orden de captura expedida el 14 de diciembre pasado, por parte del fiscal 90 especializado de la Dirección Nacional contra Violaciones a los DD.HH. y DIH contra los uniformados Jorgy Castellón Romero, César Jiménez Zambrano y Miguel Arrieta Fragoso por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir.
Los militares, quienes aún no han sido detenidos, son señalados por el ente de investigación penal de haber participado en los hechos registrados el 21 de abril de 2004 en Manaure, La Guajira, donde las tropas dieron de baja supuestamente en combate a dos sujetos reportados como presuntos integrantes de la cuadrilla 59 de las Farc.
No obstante, de acuerdo al informe de la Fiscalía, “la trayectoria de los disparos lo que nos demuestra es que recibieron impactos postero anteriores y supero posteriores como lo demuestran las gráficas, es decir por la espalda, lo que no es compatible en situaciones de combate”.
Villarreal, como corroboró su familia, era un estudiante de contaduría en la Corporación Universitaria de la Costa, CUC, que había decidido en enero de ese año probar suerte en Valledupar tras recibir una propuesta de trabajo de sujetos desconocidos.
Por estos hechos, el 9 de abril de 2014, la Fiscalía 67 de Derechos Humanos de Bucaramanga, había dictado medida de aseguramiento contra el sargento Néstor Jiménez Corredor, pero el proceso parecía haberse quedado en el olvido.
Los militares habían asegurado que dieron de baja “en combate” a estos dos “guerrilleros de la cuadrilla 59 de las Farc” porque iban a “secuestrar” a unos funcionarios de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, Umata, y de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, que ese día adelantaban labores en el pueblo.
Habitantes de la calle de Fundación
Otra de las decisiones recientes por los crímenes de algunos militares del Batallón La Popa, conocida por EL HERALDO, fue emitida por el mismo despacho del caso anterior, el 23 de mayo de 2018, cuando dictó medida de aseguramiento de detención preventiva y libró órdenes de captura en contra del exparamilitar Gabriel Ocampo Guette y el militar Olson Muñoz Oviedo por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir.
Las víctimas, que eran habitantes de calle de Fundación, Magdalena, fueron identificadas como John Escorcia Bennet, Carlos Castro Aguirre, Esnel Matute Ibáñez, Wilson Ruiz Arboleda y Luis Molina Gutiérrez.
Los hechos sucedieron el 30 de junio de 2004 en la vereda Cuesta Plata, en jurisdicción de Pueblo Bello, Cesar, cuando paramilitares al mando de alias J-10 se reunieron con miembros del Ejército y al parecer planearon los ‘falsos positivos’ de unos habitantes de la calle.
Según Ocampo, se lee en la medida, se reunieron las AUC con el Ejército “y mandaron a recoger unos desechables en Fundación, entre esos tres locos, y ya se había coordinado que nosotros los matábamos y se los entregábamos, y que los legalizaron y formaron un combate de mentira”.
Los señalamientos contra Martínez
El pasado 5 de junio, el diario español ‘El País’, enumeró una serie de casos de la Brigada Décima –a la que pertenece el Batallón La Popa- en los cuales señaló al general Martínez, quien fue segundo al mando, entre octubre de 2004 y enero de 2006, de dicha brigada.
Recordó el medio que la Fiscalía vincula a la Brigada Décima por al menos 283 supuestas ejecuciones extrajudiciales, de las cuales al menos 23 casos se remontan a la etapa del comandante del Ejército.
“A las informaciones publicadas en mayo por The New York Times, que informó sobre nuevas directrices del Ejército para presionar a sus miembros para mejorar los resultados de las operaciones —lo que ha causado inquietud entre algunos oficiales por el incremento del riesgo de bajas civiles— se suman ahora dudas sobre su labor de control en calidad de segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la brigada”, se leía en la nota.
Entre los casos que expone ‘El País’ también se encuentra el de cuatro víctimas atlanticenses: “La mañana del 20 de noviembre de 2005 en el sitio Parcelas del Tocaimo, área rural de San Diego (Cesar)”, se lee en otra resolución judicial, “fueron abatidos por miembros del pelotón Bombarda 3 del Batallón de Artillería Número 2 La Popa de Valledupar, y reportados como muertos en combate (...) los señores Iván de Jesús Sierra de la Rosa, John Jairo Parejo Pérez, Alfredo Manuel Retamozzo y Waiberto Cohen Padilla”. Todos eran del departamento del Atlántico, “de donde habían salido la noche anterior con dos hombres que les ofrecieron trabajo en Valledupar”. Tras su muerte, la Fiscalía concluyó que “la presencia de la tropa militar en el lugar de los acontecimientos no tenía ninguna justificación real, es decir, no había sustento ilícito”.