Nuevamente el Procurador termina por convocarnos a una nueva lucha democrática.
Cegado por su odio y sectarismo político, el Procurador ya no mira los grandes hechos de violación de Derechos Humanos que han acontecido en Colombia: el genocidio que han padecido estas tierras, no castiga a sus autores, sino que busca quitarle los derechos políticos, sin ser siquiera un funcionario judicial, a quienes somos elegidos por el pueblo enarbolando un ideario progresista.
El Procurador ha decidido abrir de nuevo una investigación disciplinaria contra mí por la expedición por decreto de las modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial que el Concejo de la Ciudad no quiso debatir.
Para abrir el proceso, el Procurador olvida que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había expedido a favor mío, y por unanimidad, una medida cautelar en donde expresaba que un funcionario administrativo, y el procurador lo es, no puede quitar derechos políticos a una persona elegida por el voto popular. Solo es posible por decisión de juez.
El Procurador olvida que en el caso concreto existe una decisión judicial penal en la que se archiva el proceso y se reconoce que el Alcalde, al expedir por decreto el POT- dada la falta de decisión del Concejo- no quebrantó la ley.
El Procurador olvida, que siendo de público conocimiento su inquina contra mí, ideológica y personal, no es juez imparcial y viola uno de los más sagrados principios jurídicos universales de la Democracia, la del derecho universal a tener un juez imparcial.
Al Procurador solo le interesa, en primer lugar, disciplinarme con una sanción que permita que no tenga derechos políticos en el año 2018. Me considera su competidor porque aspira a ser Presidente de Colombia.
Y aunque tiene el justo derecho de aspirar al máximo cargo público de Colombia, no lo debería hacer eliminando jurídicamente a quienes cree son sus contrincantes. En esto rompe también con los principios básicos de la Democracia. El Procurador no es un demócrata.
Permítanme antes de mi propuesta a la ciudadanía de Colombia y al mundo, aclarar sobre el tema que se me sindica disciplinariamente.
Durante años, funcionarios y miembros de la ciudadanía trabajaron en un Plan de Ordenamiento Territorial que adaptara la ciudad a los peligros del Cambio Climático y ayudara a mitigar su desarrollo en el mundo.
Dicho Plan, una obra de la mejor calidad técnica y académica, reconocida en numerosos foros internacionales , fue concertada con la Comisión De Planificación Territorial y con la CAR, autoridad ambiental como ordena la ley, para su posterior entrega a la deliberación del Concejo.
Una vez presentado el proyecto al Concejo, en su comisión del Plan, las posiciones del concejal Palacio, su presidente, Parada, Juan Carlos Flórez, María Victoria Vargas, Miguel Uribe Turbay, que presentó la ponencia de Camacol: el fuerte gremio que aglutina a los propietarios de tierras del borde de la ciudad, hicieron, sin discutir siquiera el proyecto, rechazarlo por votación. La administración, como lo determina el reglamento del Concejo, presentó en la misma sesión una proposición de reconsideración, que opera como la petición de reposición en el derecho administrativo.
La proposición debía ser discutida en plenaria; de ser aceptada, el proyecto pasaría a otra comisión y de ser rechazada, quedaría en firme la decisión de la comisión del plan.
De manera irregular, los concejales Palacio y Bernal Segura no pusieron en discusión la proposición que es un derecho genuino de la administración y obligatoria para el Concejo.
Ante el hecho, convoqué sesiones extraordinarias para su debate, para el Concejo era obligatorio tratar el tema, así lo afirma la jurisprudencia del tema, sea para aceptar o para rechazar, pero jamás pusieron en consideración de la plenaria la votación de la proposición de reconsideración
En esas circunstancias no quedó en firme la decisión de la comisión y pasaron los 90 días de que habla la ley para facultar al alcalde para expedir el proyecto por decreto, cosa que hice.
¿De qué dolo habla entonces el Procurador?
El proyecto de lo que trata es de limitar la construcción en donde, debido al cambio climático entre otros riesgos, se puede perder vidas humanas y ecosistemas valiosos para la resiliencia de la ciudad.
Fue el Ministro de Vivienda y Camacol, en mi opinión, desconociendo lo que significa el Cambio Climático - el peor problema de la humanidad- , los que buscaron acabar con el POT decretado. En Camacol estaba en su junta directiva el famoso constructor Álvaro Villegas quien por codicia puso en peligro la vida de centenares de familias del edificio Space de Medellín.
Bajo la fuerte presión, y un día después de ser restituido en mi cargo, la magistrada Elizabeth García suspendió el POT a través de una medida cautelar que no le quitó su vigencia legal. Sin embargo, la corporación de la que hacía parte la magistrada: el Consejo de Estado, declaró después por mayoría que no tenía competencia para estudiar el caso y remitió el decreto demandado a un juez administrativo.
Este hecho es la base de la nueva acusación del Procurador.
El Procurador busca con su decisión amedrentar al juez que tiene que tomar su decisión definitiva. Violando el principio de no establecer una pre judicialidad, el Procurador se adelanta al juez y lo presiona de hecho.
En toda mi vida de lucha política he puesto el interés general por encima de cualquier interés particular por muy poderoso que sea, incluso por encima de mis propios intereses personales.
La lucha contra la corrupción, las mafias políticas, los nexos con el paramilitarismo, que el procurador alabó, la lucha contra al cambio climático producido por el exceso de mercado y la codicia, han sido ejes rectores de mi vida pública.
El cambio climático es el principal problema de la humanidad, no solo puede matar millones de personas en el Planeta y en Colombia, sino que puede acabar con la vida misma en la Tierra.
Las más importantes voces del mundo científico, político, artístico y religioso nos alertan.
Nunca entenderé como concejales como Palacio, Parada, Juan Carlos Flórez, María Victoria Vargas o Miguel Uribe se negaron a debatir un tema tan crucial, ni cómo por proteger intereses de corto plazo construidos sobre la codicia, aún el Estado no responde a la urgencia de la acción.
Conocedor del problema que afrontamos, decidí, un poco en solitario, hacer del tema del cambio climático un eje del debate público. En mi campaña electoral lo puse como el segundo eje dentro de tres de mi programa propuesto al pueblo. Adaptar la ciudad al cambio climático es un imperativo ético para salvar la vida en el territorio.
Cuando decreté las modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial lo hice sabedor que tenía las facultades que la ausencia del debate en el Concejo me permitía, y sabedor de que con ello entregaba un valioso instrumento de defensa de la vida y de construcción de resiliencia ante los graves eventos de cambio del clima que vamos a vivir en nuestra ciudad, ¿Cómo se le puede llamar a eso dolo?
¿Será que el ciego sectarismo y el odio ha llevado a pensar al Procurador que la defensa del interés general y de la vida, es un dolo en Colombia?
Esta vez no los voy a convocar jóvenes, ciudadanos y ciudadanas a mi defensa. Ya me defenderé en los estrados judiciales nacionales e internacionales ante la arbitrariedad delictiva del Procurador Ordoñez.
Los convoco, eso sí, a movilizarse, como toda democracia viva debe hacer, pero en defensa de la vida en la ciudad de Bogotá
Las modificaciones del POT que propusimos son necesarias, la defensa de los cerros ante el apetito de codiciosos y mafiosos, la defensa de los humedales, el no permitir que lleven a los pobres a vivir donde pueden morir ellos y sus hijos, los convoco a movilizarnos por el planeta, a que no se usurpe el espacio público en desmedro del buen vivir.
Sin darse cuenta, el Procurador Ordóñez nos envía a la lucha que precisamente hoy están librando millones de personas en todo el planeta.
Esta vez no es a escucharme en el balcón del Palacio Liévano. Me permito con humildad convocarlos, a salir por centenares de miles el 22 de septiembre en defensa de la vida y del Planeta, en bicicleta, caminando, cantando, en toda la diversidad de nuestras culturas, orígenes, formas libres de ser, sin violencias, a mostrarle al mundo que Bogotá está en la vanguardia de la lucha democrática contra el cambio climático. A solicitarle al juez que levante la suspensión del POT, si considera que se ajusta a las normas, a trazar el sendero que nos junte a la humanidad en la mayor de sus luchas, la lucha por vivir bien en nuestra casa común: La Tierra.
Los invito a movilizarnos por ustedes mismos, por sus hijos, por los hijos y nietos del Procurador que merecen un planeta donde vivir. Vendrá, antes de París, en septiembre, el mundo a mirarnos. En muchas partes del globo miran a Bogotá, la siguen, la admiran por los pasos que está dando, por su voz en los escenarios de las decisiones del mundo en la defensa de la vida en el planeta. Mostremos nuestra fuerza democrática y pacífica. La razón nos acompaña, la sinrazón solo provoca muerte.
Que el 22 de septiembre sea una demostración multitudinaria de una Bogotá que no se deja amedrentar, ni apagar su democracia, y que es vanguardia de la humanidad en la lucha contra un cambio drástico y mortal del clima producido por las gases contaminantes que bota un mercado excesivo y codicioso.
OFICINA ASESORA DE PRENSA
Alcaldía Mayor de Bogotá
