Hoy la mesa de las Farc y el Gobierno en La Habana anunció la creación de una Comisión de la Verdad que buscará satisfacer una de las necesidades más hondas de las víctimas: saber realmente qué ocurrió.
Si algún día se firma la paz y esta Comisión puede ejercer las funciones que se le asignaron en el papel, Colombia nunca volverá a ser la misma pues necesariamente llevará a una catarsis de toda la sociedad.
El Acuerdo de la mesa es muy elaborado y detallado y representa grandes avances como los siguientes:
1 Hay un compromiso explícito con las víctimas de esclarecer la verdad
Aunque ya se había avanzado en este campo cuando acordaron los “10 principios sobre los derechos de las víctimas”, en vísperas de las elecciones presidenciales, durante casi todo el año que ha transcurrido desde entonces las Farc han tenido posiciones ambiguas para reconocerse como victimarios. Dentro del Estado, también, hay sectores renuentes a aceptar la responsabilidad por las atrocidades cometidas.
En este acuerdo, tanto las Farc como el Gobierno se comprometen explícitamente “a contribuir de manera decidida al esclarecimiento de la verdad sobre todo lo ocurrido en el conflicto, incluyendo las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH”.
En particular, dice el Acuerdo, aquellos hechos “que reflejen patrones o tengan un carácter masivo, que tuvieron lugar con ocasión del conflicto, así como la complejidad de los contextos y las dinámicas territoriales en las que éstos sucedieron”.
En este campo del reconocimiento también se avanza en que no solo se tratará de reconocer responsabilidades individuales, como ocurrió por ejemplo con el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares. Sino también responsabilidades colectivas e institucionales de quienes participaron en el conflicto. Como La Silla contó en su momento, había una resistencia muy grande al interior de las Fuerzas Militares, expresada por el general Jorge Mora en la Mesa de Negociación, a que se incluyera el reconocimiento institucional por el impacto que eso pudiera tener en órganos como el Ejército. Pero a partir de ese reconocimiento más colectivo es que se pueden extirpar lógicas que conduzcan a las violaciones de derechos humanos.
2 Se aclara que será un mecanismo extrajudicial
Las actividades de la Comisión no tendrán un carácter judicial. Es decir, lo que reconozcan los responsables en dicha comisión no podrá constituir una prueba para abrirle a estas personas un juicio. Las Farc querían que fuera un mecanismo judicial que cerrara investigaciones penales.
La importancia de esta decisión es que permite que la gente tenga más confianza para contar la verdad porque sabe que hacerlo no tendrá consecuencias penales, pero que en todo caso, sí le puede representar beneficios judiciales en la justicia pues la una estará condicionada a la otra porque en este acuerdo se reconoció que verdad y justicia forman parte de un “sistema integral”.
El otro punto interesante es que, por ser un mecanismo extrajudicial, puede convertirse en un auténtico foro de verdad y no en uno de justicia.
Por eso, entre el mandato estará esclarecer el “impacto humano y social del conflicto en la sociedad, incluyendo el impacto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales” y también la forma en que éste impactó de manera diferente a diferentes poblaciones: a los niños, a las mujeres, a los negros, a los periodistas, a los ganaderos, a los empresarios...
Incluso, la Comisión buscará esclarecer el impacto que tuvo el conflicto en el ejercicio de la política y también los factores que contribuyeron al origen del conflicto pero también a su persistencia, entre otras cosas.
Mejor dicho, será un espacio para ahondar la comprensión del conflicto y no solo para establecer quiénes fueron los buenos y quiénes los malos.
3 La Comisión mira hacia adelante, no solo hacia atrás
Las Comisiones de la Verdad suelen sanar muchas heridas pero siempre se corre el riesgo de que terminen más bien echándoles sal y reviviendo conflictos que parecían olvidados, o por lo menos apaciguados.
Tal como diseñaron esta Comisión, más que una lógica acusatoria, la idea que la subyace es que la verdad debería propiciar una mejor convivencia (más que la reconciliación) en los territorios donde se vivió el conflicto.
“Para ello [la Comisión] promoverá un ambiente de diálogo y creará espacios en los que las víctimas se vean dignificadas, se hagan reconocimientos individuales y colectivos de responsabilidad, y en general se consoliden el respeto y la confianza ciudadana en el otro, la cooperación y la solidaridad, la justicia social, la equidad de género, y una cultura democrática que cultive la tolerancia, y nos libre de la indiferencia frente a los problemas de los demás”, dice el Acuerdo.
El enfoque de esta Comisión, incluye cosas como crear espacios en lo nacional, regional y local, “en especial audiencias públicas temáticas, territoriales, institucionales, de organizaciones y de situaciones y casos emblemáticos, entre otras, con el fin de escuchar las diferentes voces” y de promover la participación de diferentes sectores de la sociedad “para contribuir a una reflexión conjunta sobre lo ocurrido y las causas y efectos de la grave violencia vivida por Colombia”.
Lograr esto no será fácil, pero a lo que apunta es a que grupos que hoy están enfrentados en regiones específicas -por ejemplo, en el Urabá algunos bananeros y palmicultures con las víctimas y sus líderes- tengan la oportunidad de encontrarse en un mismo espacio y reconstruir un puente a partir de un reconocimiento de verdad.
Por otro lado, dentro del mandato de la Comisión también está documentar las experiencias de “resiliencia individual y colectiva”, los casos de las comunidades que reconstruyeron su tejido a pesar del sufrimiento así como los “procesos de transformación positiva de las organizaciones e instituciones a lo largo del conflicto”. Esto contribuirá a sentar ejemplos hacia el futuro.
Establece que la reconstrucción de la verdad es un proceso colectivo
Uno de los objetivos de la Comisión es propiciar el rechazo por parte de la sociedad a las violaciones e infracciones causadas en el conflicto y a crear la conciencia de que no se pueden repetir. Pero también parte del supuesto de que “el éxito de la Comisión dependerá del compromiso de todos los sectores de la sociedad con el proceso de construcción de la verdad y del reconocimiento de responsabilidades por parte de quienes de manera directa e indirecta participaron en el conflicto”.
El Fiscal General Eduardo Montealegre ha dicho que en la Fiscalía hay 12 mil denuncias contra empresarios por su presunta participación en el conflicto. Algunos o muchos de ellos tendrán la oportunidad de ir a la Comisión y contar la verdad sobre su rol en la guerra a cambio de beneficios judiciales frente a eventuales procesos y la sociedad contará con una arista de la verdad oculta a esta ahora.
En comisiones como la de Sudáfrica, los medios y los gremios, por ejemplo, hicieron su mea culpa. Algunos sindicatos podrían contar también si en algún momento aplicaron la teoría de la combinación de las formas de lucha y cómo lo hicieron. Lo mismo los políticos y los partidos.
Aunque el Acuerdo no es muy explícito al respecto, La Silla confirmó con negociadores que la participación en esta Comisión será en esencia voluntaria y que quienes no dependan de la condicionalidad para el tratamiento penal especial irán solo en tanto quieran contribuir a la verdad.
El incentivo para estas personas o grupos que no participaron directamente empuñando un arma pero que jugaron un rol en el conflicto podría ser contar su versión de los hechos para que no quede solo la de quienes las acusan, aunque la Comisión hará también sus propias averiguaciones independientemente de quienes acusan.
El Acuerdo tiene un silencio que es elocuente pero afirma una cosa entre líneas que podría ser fundamental para realmente entrar en la fase final de esta negociación de paz. Esto es lo que podría ayudar a resolver:
Se abre la puerta para la discusión de la responsabilidad penal de los máximos responsables
Hasta el momento las Farc han rechazado cualquier mención a una justicia transicional y a establecer la responsabilidad penal de los máximos responsables, sobre todo si va ligada al Marco para la Paz aprobado por el Congreso. En este Acuerdo se reconoce la existencia de “un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición” que se ha de acordar en la Mesa para "satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz”.
Esto es fundamental porque abre la puerta y crea el marco para la siguiente discusión, y acaso la más difícil, que es la negociación del punto sobre responsabilidades penales de los máximos responsables.
Aunque el Acuerdo no lo dice explícitamente, es claro de esta frase -y del discurso de De la Calle hoy- que se pactarán tratamientos penales especiales a quienes acudan a la Comisión a contar la verdad de lo que hicieron porque la verdad y la justicia son patas de un trípode. La tercera es la reparación a las víctimas.
Y el incentivo que habrá para que los responsables de las violaciones cuenten la verdad es que esto condicionará beneficios penales en el tribunal de justicia transicional que acuerde la Mesa.
A lo largo del Acuerdo se insiste en que esta Comisión será imparcial e independiente. Pero como dice Javier Ciurlizza, quien fue integrante de la Comisión de la Verdad en Perú y hoy es el director para América Latina del International Crisis Group, “la Comisión no es independiente porque el acuerdo lo dice. Eso se prueba a partir de la idoneidad y la independencia de los los integrantes. Ahí está la crema del pastel, el resto es cuento”. Por eso esta es la pieza clave:
Los integrantes de la Comisión
El Acuerdo establece que la Comisión estará conformada por 11 comisionados, de los cuales tres pueden ser extranjeros, que serán escogidos mediante el siguiente procedimiento: todos los sectores de la sociedad -incluyendo las organizaciones de víctimas- postularán candidatos. Entre los cientos de candidatos que postulen, un Comité de Escogencia escogerá a los comisionados.
Este Comité estará compuesto por nueve integrantes. El Gobierno y las Farc, de común acuerdo, seleccionarán seis. Los tres restantes serán “los delegados de tres personas u organizaciones que acordemos en la Mesa”.
La selección de los comisionados deberá adoptarse por mayoría de dos terceras partes de los integrantes del comité de escogencia, con lo cual los delegados de esas tres personas u organizaciones terminarán siendo claves. La pregunta del millón es quiénes serán esos tres “prohombres o promujeres” u organizaciones que escoja la mesa para que envíen sus delegados al Comité.
“Es muy oscura la explicación sobre cómo se seleccionarán los últimos tres integrantes del comité de escogencia de comisionados. El lío está ahí”, dice Ciurlizza.
Según dijo hoy el jefe negociador del Gobierno Humberto de la Calle, la Mesa está pensando en lo que ha sucedido en otras experiencias internacionales. Podrían, ser por ejemplo, importantes figuras internacionales que le inspiren confianza a ambas partes.
Lo que es claro, hasta ahora, es que la escogencia de esos comisionados -sobre todo de esos tres que no reflejarán ni al Gobierno ni a las Farc- será una pieza clave en este engranaje para garantizar que al final las decisiones de esta Comisión sí puedan lograr la catarsis que necesita este país.
