El 9 de enero finaliza el cese al fuego con la guerrilla del que se espera que haya una prórroga. Históricamente, los grupos guerrilleros han usado las contiendas electorales para ejercer presión sobre el Gobierno, amenazando el clima de las elecciones.
Las últimas dos elecciones que se han realizado n Colombia no han sido tranquilas. En la segunda vuelta presidencial, en 2014, cuando resultó electo el hoy presidente Juan Manuel Santos, en el sur de Chocó arreciaron las amenazas en contra de esa población. El paro armado que decretó el Ejército de Liberación Nacional en esa región del país terminó afectando el normal desarrollo de los comicios, al punto que hubo quema de material electoral y bloqueo de vías que impidió a los ciudadanos acceder a los centros de votación. Los municipios de Istmina, Alto Baudó, Medio San Juan y Sipí fueron los más golpeados por esta amenaza guerrillera.
La historia se repitió un año después. En octubre de 2015, durante las elecciones locales, el accionar del Eln amplió su campo de impacto –según recogió un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE)– y perpetró todo tipo de ataques a la fuerza pública,hostigamientos, retenes y destruyó material electoral antes, durante y después de la jornada política en las urnas. “El impacto de las acciones del Eln se sintió en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Chocó y Norte de Santander”, alertó la MOE. Y un panorama similar parece registrarse para las próximas elecciones legislativas y presidenciales de marzo y mayo de 2018, respectivamente, en caso de que no se pacte la prórroga del cese bilateral del fuego y hostilidades con el mencionado grupo guerrillero.
Quedan dos semanas para que el primer cese firmado entre las delegaciones del Gobierno y del Eln se acabe y, hasta el momento, la única percepción que se ha recibido desde la mesa de Quito es la de desconfianza, en medio de dos puntos claves que, sin duda, marcarán el rumbo de esos diálogos: el revolcón en el equipo de negociadores que delegó el presidente Juan Manuel Santos desde que se oficializó el proceso de paz con dicha organización y, segundo, el fin del mandato presidencial actual, que deja en entredicho la continuidad de las conversaciones.
¿Se logrará la prórroga del cese bilateral a partir del 9 de enero? Como se sabe, en las últimas horas los negociadores de la guerrilla anunciaron estar dispuestos a pactar esa prórroga, no sin advertir que será responsabilidad exclusiva del Gobierno si este no se logra y si, desde esa fecha, continúan las conversaciones en medio de la guerra. Como quien dice, los “elenos” empiezan a coger la sartén por el mango a sabiendas de que la prioridad para el Ejecutivo comienza a volcarse hacia el desarrollo de unas elecciones tranquilas y sin amenazas para la población votante.
“Es muy importante que las partes examinen seriamente extender este acuerdo hasta después de los comicios de Congreso y Presidencia, con el objetivo de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de las elecciones, sobre todo en regiones como el sur de Chocó, Arauca, la región del Catatumbo en Norte de Santander y el corredor Tumaco-Barbacoas, en el Pacífico nariñense”, ha sido la alerta reiterativa de la Misión de Observación Electoral, si se tiene en cuenta que el ejercicio de esa violencia política tiene el único fin de eliminar competencia electoral en las regiones y fortalecer monopolios de poder específicos. Asunto que, sin duda, dejará sin garantías de participación a los candidatos al Congreso y a la Presidencia de la República.
El lío es que el Eln ya no confía en el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, por considerar que la veeduría se ha hecho de forma arbitraria a la hora de supervisar los incumplimientos de parte y parte. Tal es el nivel de desconfianza, que la guerrilla decidió retirar a sus representantes del MMV y difícilmente se logrará en dos semanas restablecer las relaciones en ese aspecto. Más aún, porque la llegada del nuevo equipo negociador implicará empezar desde ceros en términos estratégicos, a pesar de que la designación del exvicepresidente Gustavo Bell como jefe de la delegación de paz del Gobierno en reemplazo de Juan Camilo Restrepo no generó rechazos en la mesa de Quito.
¿Y el próximo gobierno?
Las elecciones presidenciales de mayo –y eventualmente junio– de 2018 serán otro factor clave para el futuro de los diálogos con el Eln, que no puede ser desconocido por la propia guerrilla. Los resultados del plebiscito del 2 de octubre del año pasado han sido leídos como una fotografía anticipada de lo que se avecina y los representantes del No, desde entonces, han venido haciendo campaña para fortalecer su caudal electoral. En entrevista con Radio Nacional de Colombia, el exvicepresidente Bell dijo que la voluntad de mantener las conversaciones con la organización armada ilegal seguirá vigente, a pesar de que haya cambio de gobierno. La pregunta que cabe es: ¿Hasta dónde está dispuesto el próximo presidente de Colombia a mantener la mesa de Quito?
La respuesta parece obvia, si se considera que desde el propio Gobierno se han mostrado escépticos sobre el proceso con el Eln, especialmente luego de que la misma guerrilla se encargara de violar el cese bilateral del fuego, cuando asesinó al gobernador indígena Aulio Isaramá Forastero. No son pocos los que hablan de replantear seriamente el desarrollo de las conversaciones e, incluso, de suspender las conversaciones. Así, pues, el escenario que se avizora promete ser bastante álgido, más aún cuando históricamente se ha registrado el oportunismo de los grupos armados ilegales en medio de procesos electorales para ejercer presión sobre el Gobierno. Habrá que esperar, en todo caso, hasta el próximo 9 de enero, cuando se aclare un poco más el futuro de las conversaciones de Quito.