La guerrilla y el gobierno llegaron a un acuerdo para aliviar los impactos de la guerra contra la población civil. La decisión, que estuvo marcada por tensiones, es el primer resultado tangible de la mesa de negociaciones en Quito, Ecuador. ¿Qué piensan líderes sociales en diversos departamentos donde opera esa organización?
Hasta el pasado jueves 31 de agosto, la mesa de conversaciones con el Eln en la capital ecuatoriana estaba en crisis. Ese día, las partes no habían llegado a ningún acuerdo frente a los diez puntos que estaban en discusión de cara a la firma de un cese al fuego y de hostilidades bilateral. Por entonces, los negociadores del gobierno nacional le exigían a este grupo guerrillero ponerle fin a los secuestros, los ataques a la infraestructura, la instalación de minas antipersonal, la extorsión y las “acciones terroristas”.
Por su parte, el Eln, tal como consta en su revista Insurrección, divulgada el pasado 14 de agosto, le exigía al gobierno nacional “combatir el paramilitarismo con el fin de neutralizar el genocidio en curso contra las fuerzas alternativas de cambio”; cesar la judicialización contra dirigentes populares; cumplir los acuerdos asumidos con los movimientos sociales; “levantar los bloqueos y confinamientos de zonas y comunidades”; y resolver la crisis del sistema penitenciario.
Ante ese escenario, y como en otras ocasiones, el gobierno nacional reforzó la mesa con la presencia de Iván Cepeda, congresista del Polo Democrático, y del exministro Álvaro Leyva desde el jueves pasado. Ambos tuvieron la tarea de dinamizar los diálogos con el objetivo de llegar al acuerdo que se anunció ayer, en el que se ajustaron, eliminaron o sustituyeron varias de las peticiones iniciales.
Tras alcanzar el acuerdo, desde el Palacio de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que el cese bilateral se irá renovando de acuerdo al avance de las negociaciones: “La prioridad es proteger a los ciudadanos, por eso durante este período cesarán los secuestros, los ataques a los oleoductos, y demás hostilidades contra la población civil”.
Según lo anunciado ayer, las partes acordaron el cese bilateral al fuego temporal, que iniciará el primero de octubre y finalizará el 12 de enero de 2018, con ocho compromisos que serán supervisados por veedores de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Iglesia Católica y representantes de la mesa de negociaciones.
El Eln se comprometió a suspender los secuestros y retenciones; a no atentar contra la infraestructura del país; a suspender el reclutamiento de menores de edad de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario; y, finalmente, a no instalar artefactos antipersonales que puedan poner en peligro la integridad de la población civil.
Por su parte, el gobierno nacional acordó fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo (SAT) para la protección de líderes sociales; adelantar un programa de carácter humanitario para los presos del Eln; “velar por el cumplimiento de la aplicación de la ley que recientemente desjudicializó (sic) varios tipos de protesta social”; y, por último, de manera simultánea a la hora cero del cese bilateral, poner en marcha las audiencias para escuchar a la sociedad civil y avanzar con ello en el punto uno de la mesa.
“Es el primer acuerdo de esta naturaleza que firma el gobierno nacional con esta guerrilla en más de 50 años, y que constituye el primer paso para ir avanzando a una paz definitiva con el Eln, que conduzca al fin del conflicto con este grupo alzado en armas y al desarrollo de la agenda que se pactó en marzo de 2016”, aseguró Juan Camilo Restrepo, jefe del equipo negociador del gobierno nacional.
Por su parte, ‘Pablo Beltrán’, jefe del equipo negociador del Eln, calificó el acuerdo como una ayuda para aliviar el ambiente de polarización que algunos sectores han querido sembrar en el país. “Que el espíritu por rebajar la intensidad del conflicto empiece hoy mismo, no esperemos al primero de octubre”, dijo.
Los traspiés de la mesa
Para llegar a ese anuncio, sin embargo, las partes tuvieron que sortear múltiples dificultades. Desde junio pasado, cuando se anunció oficialmente la visita del papa Francisco a Colombia, desde ambos lados de la mesa plantearon ese hecho como una oportunidad trascendental para anunciar un cese al fuego bilateral, teniendo en cuenta los vínculos históricos del Eln con sectores de la Iglesia Católica y el respaldo del alto jerarca a la consecución de la paz. (Leer más: Cese bilateral de fuego con el Eln, ¿impulso para la mesa en Quito?)
“Esperamos que cuando llegue el Papa el país lo reciba con la noticia de un cese bilateral de fuego, estamos trabajando en ello y esperamos que la diligencia del equipo negociador del gobierno sea efectiva. No es por nosotros, es para las comunidades, en defensa de la vida y para evitar que el paramilitarismo siga creciendo”, aseveró Eduardo Martínez, gestor de paz del grupo insurgente, durante un encuentro con la prensa el pasado mes de julio.
Sin embargo, la tarea no fue fácil. Si hacia dentro las partes enfrentaban diferencias que parecían insalvables, hacia afuera tenían la necesidad de mostrar avances concretos al término del tercer ciclo. Desde que la mesa empezó a funcionar, en febrero pasado, gobierno nacional y guerrilla solo habían acordado priorizar el punto de participación de la sociedad y el subpunto de acciones humanitarias, sin que hubiera resultados tangibles en ninguno de ellos.
Fuentes de la mesa que pidieron el anonimato le contaron a VerdadAbierta.com que, hasta hace una semana, el tono de la negociación era exclusivamente de confrontación y que no había disposición para construir acuerdos. Las sesiones conjuntas, que debían empezar a las 8:30 de la mañana y terminar a la una de la tarde, iniciaban con retraso y terminaban temprano. La parálisis era tal que no se habían construido documentos de carácter técnico que sirvieran de insumo para la discusión del cese.
La obsesión por la bilateralidad que ha marcado los diálogos de Quito, a diferencia de los varios gestos unilaterales con los que contó la mesa de conversaciones con las Farc, tenía a las partes en un callejón sin salida.
Ejemplo de lo anterior es que el número de peticiones sobre las hostilidades era exactamente igual de cada lado (cinco). Y aunque el Eln se ha caracterizado por su radicalismo, el gobierno nacional no se quedó atrás. Las mismas fuentes le dijeron a ese portal que, hasta la semana pasada, la respuesta de la delegación dirigida por Juan Camilo Restrepo era que el Ejecutivo ya estaba avanzando en todos los temas que pedía la guerrilla y que lo estaba haciendo al margen de la mesa, bien sea por la implementación de los acuerdos firmados con las Farc, órdenes de la Corte Constitucional o decisiones del Presidente de la República.
En el Eln había preocupación por la exigencia del Ejecutivo para cesar las extorsiones o “los impuestos de guerra”. Para la insurgencia, dejar de recibir dinero de los civiles conduciría a un debilitamiento estratégico de la organización. Una lógica que mantiene desde 1998, cuando incluyó ese concepto en el Acuerdo de Puerta del Cielo que firmó con la sociedad civil en Alemania. Al final, como se conoció este lunes, el cese de la extorsión no se incluyó en el cese bilateral temporal. (Ver acuerdo)
Fuentes de ambas delegaciones consultadas por VerdadAbierta.com aseguraron que buena parte de los obstáculos se resolvieron gracias a la gestión de los enviados de última hora: Álvaro Leyva e Iván Cepeda.
Compromisos de las partes
El primer compromiso asumido por la guerrilla, cesar el secuestro y las retenciones, ha sido una de las exigencias del gobierno nacional a lo largo de la negociación. En esta oportunidad, la presión de las distintas organizaciones acompañantes del proceso, de la ciudadanía y de la comunidad internacional sirvió para reforzar el mensaje de rechazo a esa práctica del grupo armado, proscrita por el Derecho Internacional Humanitario.
En lo que va corrido del año, según cifras del Gaula de la Policía, la guerrilla ha secuestrado por lo menos 14 personas, entre nacionales y extranjeros. El pasado 2 de septiembre alias ‘Yeison’, comandante del Frente Ernesto Che Guevara, reconoció en una entrevista que esa estructura asesinó al ciudadano ruso Arsen Voskanyan, quien permanecía bajo su poder desde noviembre de 2016 luego de haberse intentado fugar de su cautiverio en el bajo Baudó, Chocó.
En cuanto a las retenciones, aunque no se tiene una cifra consolidada, solo en Norte de Santander la Defensoría del Pueblo ha registrado 12 y en Arauca 10 en lo corrido del año. Una práctica que la guerrilla ha justificado con el argumento de ejercer “control” sobre las personas que transitan por los corregimientos donde hace presencia. Como fue el caso de los periodistas Derk Johannes Bolt, de 62 años, y el camarógrafo Eugenio Ernest Marie Follender, de 58, retenidos y liberados en zona rural de El Tarra, en junio pasado.
El segundo compromiso, suspender los ataques contra la infraestructura, ha sido una de las peticiones del gobierno nacional durante la negociación y una de las mayores fuentes de ingreso del grupo armado. Entre enero y agosto de 2017, Ecopetrol registró 44 ataques contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas en los departamentos de Norte de Santander, Cesar, Boyacá y Arauca. Según cifras de la entidad, en 2016 se invirtieron más de 40 mil millones de pesos en reparaciones por ese tipo de acciones.
En cuanto al tercer punto, suspensión del reclutamiento de menores de edad, la guerrilla se comprometió a no ingresar a sus filas a niños menores de 15 años, según lo establece el Derecho Internacional Humanitario. Aunque no se conoce la cifra exacta de niños y adolescentes en poder del Eln, en declaraciones públicas Nicolás Rodríguez Bautista, máximo comandante de la organización, ha asegurado que ningún militante está en la organización en contra de su voluntad. Sin embargo, el pasado 2 de enero la Policía y el Ejército “rescataron” ocho menores integrantes del Frente Domingo Laín.
Finalmente, frente a la suspensión de instalar minas antipersonal, desde hace más de seis meses la guerrilla trabaja con comunidades campesinas y resguardos indígenas para la identificación y mapeo de campos minados en Arauca y Nariño. En este último departamento se priorizarán los municipios Samaniego y Santa Cruz para realizar el desminado humanitario acordado en la mesa.
De otro lado, los compromisos que asumirá el gobierno nacional durante el cese bilateral están dirigidos, en su mayoría, a proteger a la sociedad civil y facilitar su participación en los diálogos. El tema es de la mayor importancia para la guerrilla y será abordado en los dos primeros puntos de la agenda que rige las conversaciones: participación de la sociedad en la construcción de la paz y democracia para la paz.
El primer punto es el fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría (SAT), nace de una propuesta del Eln que consistía en crear un “Sistema de Alerta y Ataque” de cuatro fases, en el que las comunidades denunciaran agresiones o amenazas por parte de estructuras paramilitares, la Fuerza Pública neutralizara las amenazas, las comunidades verificaran la eficacia de las medidas y, finalmente, se hiciera una difusión pública de los procedimientos. En el acuerdo, el gobierno nacional se comprometió a robustecer el SAT “para que la protección a los líderes sociales se fortalezca en todo lo concerniente al aviso de amenazas, a su trámite, investigación y difusión pública de los resultados”.
El segundo punto consiste en que “el gobierno velará en los próximos meses para que se le dé pronta y cumplida aplicación a la ley que recientemente desjudicializó (sic) varios tipos de protesta social”. VerdadAbierta.com consultó a la oficina de comunicaciones de la delegación del gobierno nacional para conocer oficialmente a qué ley se refiere este apartado, pero no obtuvo respuesta.
Consultado por este portal, el senador Iván Cepeda, que participó en la negociación del cese, explicó que “se trata de la Ley de Amnistía e Indulto aprobada en diciembre de 2016”. La norma, tal como quedó consignado en los acuerdos de La Habana, contempla la cesación de los procedimientos judiciales contra integrantes de “organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos y procesos que hacen parte de la Cumbre Agraria” que hayan cometido delitos “en el marco de disturbios públicos o el ejercicio de la protesta”, tales como lanzamiento de sustancias peligrosas y lesiones personales. No obstante, la Ley no despenaliza ninguna de esas conductas.
El tercer punto se refiere a agilizar una tarea pendiente en la mesa: la realización de audiencias preparatorias con la sociedad civil para encarar el punto uno de la agenda, que busca recoger propuestas sobre el resto de puntos y construir “una visión común de paz que propicie las transformaciones para la nación”. Organizaciones y movimientos sociales como la Cumbre Agraria, la Mesa Social para la Paz y Por una Paz Completa han trabajado en el diseño de propuestas sobre cómo debería ser esa participación.
El último punto es el único que beneficiará directamente a los militantes del Eln, y consiste en la ejecución de un programa humanitario dirigido a los guerrilleros presos para “mejorar sus condiciones de salud, ubicación cerca de sus núcleos familiares y evaluación de su seguridad” en las cárceles.
Al respecto, ‘Nixon Barrera’, vocero del colectivo de presos políticos Camilo Torres del Eln, dijo desde la cárcel de Cúcuta que los guerrilleros detenidos aspiran, además, a la reducción de las condenas en un 15 por ciento para aliviar el hacinamiento y la congestión del sistema de salud. Y advirtió que “por lo general nosotros estamos en cárceles de máxima seguridad, donde las posibilidades de estudiar y resocializarnos son menores a las de otro tipo de cárceles”.
Aún falta que las partes definan los aspectos logísticos del cese y los procedimientos de verificación, pero el anuncio de las ocho medidas ya representa un alivio para las comunidades de las regiones donde opera el Eln.
Chocó
En el departamento opera el Frente Resistencia Cimarrón, al mando de ‘Fabián’. Esa estructura ha sido escéptica de los diálogos y ha estado a cargo de operaciones políticamente costosas para el Eln, como los secuestros del excongresista Odín Sánchez en 2016 y de ocho jóvenes en el municipio de Nóvita en mayo pasado. Desde 2015, la Defensoría del Pueblo ha reportado combates entre el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en el departamento, lo que ha generado desplazamientos y confinamientos de población civil.
Ante la crisis humanitaria, en marzo de este año organizaciones adscritas al Foro Interétnico Solidaridad Chocó y a la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas de Chocó, junto al movimiento de víctimas y de mujeres de la región, emprendieron un proceso de concertación para elaborar una propuesta de acuerdo humanitario.
El proceso culminó en agosto pasado, con la suscripción de un documento de cinco páginas que incluía exigencias en torno a un cese bilateral, el desmonte de grupos armados ilegales, el respeto a la autonomía territorial, el desminado, el reclutamiento de menores, la violencia contra las mujeres, la siembra de cultivos de uso ilícito y la minería ilegal, entre otros delitos.
El documento fue presentado públicamente en Quibdó el pasado 18 de agosto, con la presencia del negociador del gobierno Juan Myer y del gestor de paz del Eln Juan Carlos Cuellar. Este último, junto al también gestor de la guerrilla Eduardo Martínez, participó en la gestión que permitió que ocho delegados de las organizaciones sociales viajaran a Quito el pasado 31 de agosto para reunirse con la mesa, en el que fue el primer ejercicio de participación directa de la sociedad civil en los diálogos.
Jesús Flórez, integrante de Pacipaz, una de las organizaciones que acompañó el proceso de concertación y que viajó a Ecuador en representación de las comunidades, asegura que “en los lugares donde estaban antes las Farc han ido aumentado las acciones entre el Eln y el Ejército, y entre el Eln y los paramilitares, lo que ha generado zozobra, desplazamientos forzados, muerte de civiles y combates muy cerca de la población”. Por eso, asevera que “el acuerdo del cese al fuego es una medida concreta para minimizar al máximo las infracciones al Derecho Internacional Humanitario en beneficio de la gente”.
Flórez, que ha acompañado los procesos sociales de la región durante los últimos 30 años, asegura que las partes se comprometieron a vincular a las organizaciones en el proceso de veeduría del cese con el apoyo de Naciones Unidas y de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Elizabeth Moreno, presidenta de la Asociación de Consejos Comunitarios del San Juan, que también estuvo presente en la reunión, afirma que “en estos 102 días de cese la comunidad y los líderes deberían tener la tranquilidad de realizar su trabajo, porque en los últimos meses el conflicto no lo ha permitido. Necesitamos que cesen los desplazamientos, los masacres y las desapariciones”.
De acuerdo con Luis Enrique Murillo, defensor regional del Pueblo, “alrededor de 500 mil personas, principalmente en entornos rurales, percibirán el alivio de un cese al fuego efectivo, que también es la oportunidad para que el Estado entre a territorios a los que no ha podido ingresar por el conflicto”.
Arauca
Es uno de los departamentos donde el Eln es más fuerte en términos militares y políticos. Allí opera el Frente Domingo Laín, al mando de ‘Pablito’, que también hace presencia en Boyacá y Casanare. La concurrencia sostenida de esa guerrilla y de las Farc en la región desde 1980 ha hecho que, a la par que se libra la guerra, las organizaciones sociales se hayan visto obligadas a robustecer sus agendas de paz y desarrollo. (Leer más: ‘Pablito’: el fiel a la balanza del Eln)
Justo desde el domingo pasado, y hasta el próximo 10 de septiembre, el departamento celebra la Semana por la Paz para respaldar la implementación de los acuerdos de La Habana y, desde este lunes, el cese al fuego entre el gobierno y el Eln. La iniciativa es impulsada por las iglesias; el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, adscrito al Congreso de los Pueblos; la Mesa de Organizaciones Cívicas y Populares de Arauca, de Marcha Patriótica, y las Comisiones Ciudadanas de Reconciliación y Paz.
Dayana Flórez, coordinadora departamental de las Comisiones Ciudadanas, dice que el cese viene con un sabor agridulce porque, aunque elimina la presión que generan los combates y las operaciones militares sobre la población civil, abre las puertas de la incertidumbre sobre si la Fuerza Pública podrá garantizar la seguridad de la región, controlada por Eln en vastas zonas rurales. De acuerdo con Flórez, desde la desaparición de las Farc en Arauca por cuenta del proceso de paz “han empezado los robos y las violaciones”, por lo que los campesinos requieren medidas urgentes de protección.
Aun así, el cese al fuego representa una ganancia para los campesinos del departamento. Martín Sandoval, uno de los voceros de la Mesa de Organizaciones Cívicas, asegura que “como el Eln tiene una fuerte presencia en la región, las acciones militares con mayor impacto a nivel nacional se realizan casi siempre en Arauca, afectando seriamente a la población civil. Por eso, celebramos con mucho entusiasmo el cese, que ahorrará vidas y permitirá que la mesa coja confianza”. El líder dice que, además, la gente de la región espera que el acuerdo motive la reducción de “los hostigamientos y la represión por parte del Ejército y la Policía, que en desarrollo de sus acciones operacionales persiguen, estigmatizan, encarcelan y coartan la libre locomoción de los dirigentes populares, sociales y políticos”.
Sur de Bolívar
Son cinco los frentes del grupo armado que operan en el departamento, tres de ellos, según datos de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), relacionados con la explotación ilegal de minería aurífera. En lo corrido del año se han presentado más de 30 capturas contra líderes sociales de la región señalados de pertenecer al grupo insurgente, hasta el momento ninguno condenado.
Alberto García, líder agrario de Simití, asegura que el cese bilateral “será una oportunidad para los campesinos de aprovechar el campo”. Pese a ello, afirma que en varias reuniones entre la comunidad y el Eln se le ha preguntado a esa guerrilla cuál será el alcance de lo acordado.
“Mucha parte del campo le está diciendo al Eln que si va a pasar lo mismo que con las Farc, que ellos han cumplido pero el gobierno no está en nada. Si el Eln sacó eso (el cese), lo cumple. Uno que los ha malcriado por más de 40 años sabe que si lo prometieron lo harán. Pero si el gobierno no cumple, el problema va a ser más bravo, porque cientos de procesos estamos detrás de la mesa”, agregó el campesino.
Por otra parte, un profesor que trabaja en San Pablo y que pidió la reserva de su nombre cree que si bien el cese traerá mayor tranquilidad en el territorio, no se podrá hablar de una minimización de la violencia hasta que las bandas criminales y los grupos paramilitares dejen de operar. De igual manera, asegura que “el compromiso del Eln de dejar de reclutar menores es de gran alivio, no porque acá hayan llegado a obligarlos, sino porque el grupo armado sí era una opción de vida para los menores de las 27 escuelas rurales de los corregimientos del sur del departamento”.
Nariño
Desde que las Farc anunciaron el cese bilateral y definitivo, en agosto de 2016, el Frente de Guerra Sur Occidental, compuesto por seis compañías y dos frentes, empezó a copar el territorio dejado por esa guerrilla. Aunque en repetidas ocasiones el Eln había hecho cese de hostilidades dentro de comunidades campesinas y resguardos indígenas, según sus pobladores el reclutamiento y las extorsiones aumentaron desde esa fecha.
Articulados en la Mesa Social por la Paz, varios procesos sociales han venido trabajando de la mano con el Eln en la posibilidad de realizar un desminado humanitario en por lo menos cuatro municipios del departamento, que ahora ven posible tras el compromiso de no sembrar más minas antipersonal mientras dure el cese bilateral.
“Hay mucha esperanza, en especial en cuanto a la eliminación de las minas antipersona. Además, es muy importante que se haya reconocido en la mesa la protección de líderes, ya que en los últimos tiempos los que más se ha menoscabado es la libertad de expresión, en especial de los que hablamos de paz”, afirma Harold Montufar, exalcalde de Samaniego y director del Instituto Sur Alexander Von Humboldt (Isais).
Cauca
Tras la dejación de armas de las Farc, la Compañía Milton Hernández avanzó desde el sur del departamento para copar los espacios que antes dominaba esa guerrilla, lo cual afectó a las comunidades. Así lo pone de presente Enrique Fernández, miembro del área política de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca: “Entraron a ocupar territorios en la zona norte y han venido haciendo reclutamiento, cobrando vacunas y alterando la tranquilidad”.
Con el anuncio del cese al fuego, Fernández espera tranquilidad para los cabildos, pues más de 20 menores de edad han sido reclutados en los últimos siete meses en Jambaló, Toribío, Tacueyó, Corinto y Miranda. A ello se suma la afectación al control territorial de la Guardia Indígena con la siembra de minas antipersonal y la ejecución de asesinatos.
“Hace cuatro meses nos mataron a un guardia indígena en la vereda El Tierrero, de Toribío, porque allí hacemos control territorial contra el narcotráfico y la circulación de vehículos robados. Como indígenas queremos paz y vivir en un territorio libre sin que nadie nos moleste, pero el narcotráfico en la zona norte es muy fuerte y ellos están detrás de eso porque les genera recursos”, asegura Fernández.
Norte de Santander
La subregión del Catatumbo es la que mayor número de facciones del grupo armado concentra, 12 en total entre frentes rurales y urbanos. Desde la salida de la guerrilla de las Farc se desató una disputa territorial con el Ejército Popular de Liberación o ‘Los Pelusos’ para controlar la producción y comercialización de la pasta de coca.
Ólger Pérez, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), asegura que un cese bilateral al fuego dará nuevas esperanzas de que se atenúen los conflictos locales, pero que las comunidades temen una arremetida del Ejército antes de que comience a regir el pacto.
“El temor es que en estos más de 20 días que falten (para el inicio del cese) se acreciente la guerra en el territorio y, por ende, nosotros paguemos las consecuencias. No queremos más capturados, asesinados o desaparecidos a nombre del conflicto. Es de suma urgencia que se inicie con el plan piloto de erradicación del paramilitarismo que contempló el Acuerdo Final de La Habana. Acá los ‘paras’ nos tienen de nuevo azotados”.
Por su parte, Ediver Suaréz, vocero del Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), asegura que el Estado tiene que mostrar voluntad de paz y cumplir lo acordado con las Farc y con el Eln: “De ser cierto que el gobierno cumpla, en el territorio ya estamos preparados para ir a participar a Quito con nuestras propuestas. Entre ellas, la constitución de los territorios agroalimentarios”.
