Han pasado seis meses de la aplicación de la Ley 1820 de 2016, que dictamina las disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales para los excombatientes de la insurgencia, que cumple con lo acordado.

Sin embargo, la justicia sigue siendo lánguida en sus procedimientos y aunque el 17 de febrero de 2017 el Presidente expidió el Decreto 277 para reforzar esta ley, miles de miembros de las FARC aún continúan en las cárceles.

Aunque el acuerdo de paz está en vigencia y las FARC han cumplido con lo pactado, el Gobierno Nacional en diferentes aspectos ha incumplido algunos puntos. Por tal motivo, excombatientes, organizaciones sociales y veedores se han manifestado exigiendo del Gobierno Nacional respeto al Acuerdo.

Entre el 25 y el 26 de junio cientos de prisioneros políticos que pertenecen a las FARC comenzaron una huelga de hambre que ya lleva once días. En un primer momento 97 reclusos en la cárcel San Isidro, en Popayán, comunicaron el inicio de una indefinida huelga de hambre para exigir su excarcelación y así exigir de la justicia cumplimiento de la Ley 1820 y el Decreto 277.

A esta exigencia se han sumado paulatinamente más miembros de esta guerrilla que fueron privados de su libertad. En solidaridad con ellos, Jesús Santrich‏, miembro de la misma organización y de la CSIVI, también emprendió esta huelga de hambre. A lo largo de estos días se ha sumado la voz de diversos sectores sociales de Nuestra América.

Sin embargo, no se ha garantizado por parte del Estado el derecho a la atención de la huelga de estos prisioneros políticos, que no han tenido una atención médica adecuada y seguimiento a su estado de salud. Al contrario, han sido amenazados de aislamiento en los centros penitenciarios; hecho que ha sido denunciado por Santrich que se ha apersonado de esta causa.

Hoy hay más de 1400 prisioneros en huelga de hambre, de los casi 2600 que faltan por salir. Miembros de las FARC que están en la ZVTN, comunidades religiosas, personas del común se han unido a esta iniciativa, que clama por cumplir con la palabra y que no se dé más largas a libertad y traslado de estos ciudadanos.

Al respecto, Carlos Antonio Lozada, miembro del secretariado, dijo: “cumplimos con dejación de armas, ahora nuestros compañeros en prisión esperan que el Gobierno también cumpla”.

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