El aumento de la inversión extranjera, es tal vez una de las principales ideas que vendió el presidente Juan Manuel Santos en torno a los beneficios del proceso de paz. Al tiempo es un punto que preocupa a las comunidades y ambientalistas, que pese a estar de acuerdo con la firma de la paz, no pueden negar, que temen que se salga de un conflicto armado para profundizar los varios conflictos socio-ambientales que existen en el país, e incluso dar pie a otros nuevos.
En 2015, Naciones Unidas, de la mano de Ingeominas, el Ideam, y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, identificaron por medio de un mapa 125 municipios prioritarios para los programas de posconflicto. Lugares que se vieron como un reto para la implementación de los acuerdos frente a la protección ambiental, pero en relación a la reforma rural en el acuerdo final. No obstante, no se tuvo en cuenta, lo que para otros sectores es lo realmente preocupante: el modelo extractivista.
Para el gobierno, uno de los retos es que el ambiente deje de estar en medio de la confrontación armada y empiece a generar dividendos. El Ministro de Minas insiste en que la minería y el petróleo son los “motores” para financiar el posconflicto, pese a que el Ideam señaló que en 2015 se perdió un total de 124.035 hectáreas de bosques, a causa, justamente, de la minería legal e ilegal, los cultivos ilícitos, la ganadería extensiva, la construcción de infraestructura vial y la extracción de madera Actividades que van en contra de la responsabilidad que tiene Colombia con el mundo al ser el segundo país más biodiverso del mundo.
Aunque el 52% del territorio colombiano está conformado por áreas forestales, los departamentos que más contribuyen con esa característica, son a su vez los más afectados por las actividades que generan la tala de árboles. En Caquetá, Antioquia, Meta, Guaviare y Putumayo, se concentra el 60% de la deforestación del país. Lugares donde se vienen implementando toda una serie de proyectos petroleros, mineros, hidroeléctricos y de infraestructura que están afectando tanto los derechos de las comunidades, como a la naturaleza.
LA DESTRUCCIÓN AMBIENTAL AUMENTA CON EL POSCONFLICTO
Expertos aseguran que luego de un proceso de paz suele aumentarse las causas que afecta el ambiente. Manuel Rodríguez Becerra, director del Foro Nacional Ambiental explica que por ejemplo en El Salvador o el Congo, la degradación ambiental fue evidente ya que algunos excombatientes se dedicaron a la explotación ilegal, y por otro lado, varias multinacionales que antes no tenían acceso a ciertas áreas, “con la paz desarrollaron actividades que acabaron generando injustificados daños para el medioambiente”.
Y es que de acuerdo con el informe del Instituto Cinara de la Universidad del Valle, el país finalizó el 2016 con 115 conflictos socio-ambientales, afectando 12,4 millones de hectáreas. Cifras con las que se concluye que gran parte de la generación de ingresos se hizo con base en los proyectos minero-energéticos, sin contemplar los costos ambientales. Según el estudio, el 2015 se cerró con 72 proyectos y el último año, la cifra aumentó a 115, con lo que se podría pensar que la salida de la guerrilla de los territorios y el afán de aumentar la inversión extranjera podría provocar la expansión de las fronteras extractivas.
LOS CONFLICTOS POR REGIONES
La investigación liderada por el profesor Mario Alejandro Pérez-Rincón, revela que la zona Andina se caracteriza por conflictos de origen minero, resaltando casos como el del Páramo de Santurbán y el de La Colosa. También hay conflictos en torno a la gestión del agua como con los proyectos de Hidroitango e Hidrosogamoso.
En la región Caribe los principales conflictos son generados por las actividades de extracción de energía fósil, como la mina de El Cerrejón y La Loma en la Jagua de Ibirico, además se resalta el desarrollo de infaestructura.
Hacia el Pacífico se identificaron 12 conflictos, cuatro asociados a minería, cuatro a biomasa destacándose la palma y la explotación maderera, y tres en infraestructura. Finalmente en la Amazonía se presentan cinco conflictos, tres vinculados a la minería, uno a petróleo en el corredor Puerto Vega-Teteyé, y el otro, un conflicto internacional entre Colombia y Ecuador, sobre fumigación de cultivos de uso ilícito. (Le puede interesar: la Comisión de la Verdad y el esclarecimiento de crímenes ambientales)
