Ahora se rasgan las vestiduras y se anuncian investigaciones, pero desde hace por lo menos 16 años las autoridades sabían de las masacres y de la guerra brutal en las prisiones de Colombia. Aquí están las evidencias. Michael Reed Hurtado*
Oscuro e impune
El pasado 18 de febrero la Fiscalía General de la Nación anunció una investigación en profundidad sobre “los horrores de lo que aconteció en la cárcel Modelo” entre 1999 y 2001.
Caterina Heyck Puyana, vocera de la Fiscalía, dijo no conocer el número exacto de víctimas de las masacres, pero estimó que ascendía a más de cien personas muertas y desaparecidas en el penal. Calificó los hechos como macabros y, en varias ocasiones, expresó que todo era “complicado y oscuro”.
Ciertamente lo es. Sin embargo, este horror ha sido conocido por las autoridades desde el momento de los hechos y nada ha pasado.
Reconociendo que el ente investigador se había tardado en investigar estos hechos, la funcionaria manifestó, en una entrevista un día más tarde, que “justamente debido a la oscuridad de este fenómeno estamos ahora empezando a documentar, a investigar”. ¡Dieciséis años más tarde!
Habrá que esperar los resultados de esta investigación, pero todo apunta a que los muros de la prisión seguirán manteniendo la opacidad necesaria para que todo siga igual: oscuro e impune.
Ignorancia culpable
Hace 16 años diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron la situación de arbitrariedad y violencia que se vivía en las prisiones colombianas. Por ejemplo, en relación con la matanza de una treintena de presos el 27 de abril de 2000 por parte de grupos paramilitares en la Cárcel Modelo de Bogotá, seis organizaciones (encabezadas por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos) emitieron comunicados públicos y transmitieron la información a la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, sus denuncias, además de ser impopulares, recibieron ataques por provenir de la izquierda.
En palabras que hoy como ayer suenan a burla, el ministro de Justicia del momento, Rómulo González Trujillo, declaró que “el Gobierno tiene identificados a los responsables de los hechos y sobre ellos recaerá todo peso de la ley”. Pero nada recayó, ni el peso de la ley ni las autoridades. Además, el ministro mintió de manera reiterada sobre la situación, lo cual contribuyó a la negación y al ocultamiento de las atrocidades en las prisiones colombianas.
Las voces de las personas privadas de la libertad también fueron contundentes y denunciaron la matanza. Al menos a partir de mediados de 2000, varios reclusos dieron a conocer la maquinaria de muerte que se había instalado en los penales colombianos.
Un informe de julio de 2000 del Colectivo de Presos Políticos y Prisioneros de Guerra de La Modelo de Bogotá (sin duda con una perspectiva y un lenguaje particulares, pero bastante informativo) presentó los hechos de violencia acontecidos en el ala sur de este presidio (una denuncia que la Fiscalía presenta ahora como hallazgo de sus investigaciones).
El documento informa sobre el asesinato de 11 personas en abril de 1999 y el ataque paramilitar al quinto pabellón de esa cárcel, que en diciembre de 1999 dejó un saldo de 14 personas muertas y varios familiares heridos. El mismo informe incluye una breve pero sustancial descripción de la “masacre de 37 personas y desaparición forzada de internos (el 27 de abril de 2000), sin que hasta el momento halla (sic) sido real y eficazmente investigado el hecho”.
El reclamo de justicia por parte de los presos fue explícito hace 16 años, y las autoridades omitieron sus responsabilidades. ¿Desidia, indolencia o connivencia?
Los presos políticos escribieron hace 16 años que la acción fue reivindicada por las Autodefensas Unidas de Colombia, que los atacantes del pabellón cuatro usaron armas de largo alcance y granadas, y que lo hicieron todo bajo la mirada cómplice de la autoridad penitenciaria. El informe de julio de 2000 incluso describe cómo y en dónde fueron ocultadas las armas después del asalto. Pero nadie buscó nada y todo quedó en la oscuridad.
Además, los presos políticos manifestaron que a lo largo de mayo y junio de 2000 se presentaron “asesinatos selectivos, torturas, amenazas y secuestros de internos, funcionarios y de personas ajenas al establecimiento carcelario”. Todo esto hecho por “rondas armadas (…) con distintivos alusivos a los paramilitares, y con beneplácito de los sectores corruptos de la Guardia Penitenciaria”.
Con expresiones rebuscadas e ideologizadas, e indudablemente con un dedo acusador, este grupo de presos puso en blanco y negro lo que hoy se presenta como revelación. Es decir, hace 16 años existía la información necesaria para empezar a investigar las graves violaciones de derechos humanos que eran cometidas de manera impune en las prisiones de Colombia.
Pero no pasó nada: los presos siguieron presos, muriendo y pudriéndose, porque sus palabras no eran entonces (ni hoy) escuchadas por las autoridades ni por la sociedad
Alertas internacionales
En esa misma época, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos organizó una misión internacional que visitó los centros de reclusión del país y que emitió el 31 de octubre de 2001 su informe final.
Además de resaltar las condiciones inhumanas de reclusión, la misión constató en ese momento “la ingobernabilidad que prevalece en la mayoría de las cárceles y penitenciarías del país”, y estableció “la relación entre el alto nivel de ingobernabilidad y la aparente corrupción imperantes con el ingreso y la existencia en los centros de armas de diverso tipo en manos de los reclusos, incluso armas de fuego y granadas”.
A partir de estudios independientes, la misión anotó en su informe que “entre enero de 1990 y septiembre de 1999, 1.070 personas murieron en los centros carcelarios y penitenciarios del país, en la mayoría a causa de episodios de violencia, y 3.814 personas resultaron heridas”.
Además de destacar graves incidentes acontecidos entre 2000 y 2001 en La Modelo de Bogotá y en la cárcel Bellavista de Medellín, la misión internacional documentó que, según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, “tan sólo entre enero y julio de 2001 se registraron por lo menos 86 muertes violentas y centenas de heridos de gravedad” en las prisiones colombianas. La misión también destacó con alarma la falta de investigación por esos hechos y exigió el establecimiento de responsabilidades por lo ocurrido.
No obstante, todo siguió igual: muerte tras las rejas, impunidad segura.
Terrible realidad
Es difícil desentrañar qué hay detrás de los rimbombantes anuncios de la Fiscalía, basados en parte en confesiones de perpetradores paramilitares, a quiénes (a diferencia de a los presos políticos) sí se les cree.
La revelación de las atrocidades cometidas en las cárceles colombianas da para un libro negro de muchos tomos, cuyo contenido estaría marcado por la miseria y la marginalidad social de la mayoría de los presos. Pero también por el rampante abuso de poder, así como por la corrupción y crueldad institucionalizadas.
Quienes durante décadas hemos trabajado por los derechos de los presos hemos normalizado equivocadamente situaciones aberrantes, y ahora aceptamos que la ley está lejos de regular lo que pasa en la prisión.
Quienes han vivido la situación como presos o como funcionarios hacen lo que pueden por sobrevivir, porque el precio de hacer algo distinto es la muerte, y quienes llegan por primera vez se aterran ante lo macabro de las condiciones de vida a las que están sometidos los presos y las presas en Colombia. Poco tiempo después, sin embargo, muchos se dan cuenta de que la prisión “es una mierda” y que es mejor no tocarla. Entonces dan media vuelta y se alejan de esa maloliente bodega humana.
Lamentablemente, el estigma que se extiende sobre los presos lleva a su deshumanización y a la devaluación de sus derechos. Esa construcción de una subclase de humanos encerrados e imaginados como bestias es una figura útil para su olvido y negación. Los muros de la prisión, que separan y ocultan, están ahí, justamente, para secuestrar el sufrimiento humano y proteger a la sociedad de lo que pasa bajo el paraguas del castigo judicial.
Además de las muertes y de los ataques salvajes contra personas particulares, la vida en prisión –ayer como hoy– está marcada por la violencia, la privación y la arbitrariedad. Esto es así por la tolerancia y la connivencia sistemáticas de las autoridades con la atrocidad. Ayer como hoy, en Colombia la vida en prisión está teñida de muerte y de impunidad.
Ahora que las autoridades han decidido “investigar” los horrores de La Modelo, vale la pena que sigan después con los horrores de El Barne, Bellavista, Villahermosa, El Bosque, La Picota y varias otras Modelos, que encierran todo tipo de atrocidades cometidas durante las últimas décadas.
Retratando la vida entre 1999 y 2002 en Las Palmas, la cárcel de Palmira (una prisión pequeña y no especialmente conocida por ser un presidio salvaje) Lucas, un preso, contó: “Aquí la situación era muy hijueputa, esto era un verdadero matadero. No había día en que no hubiera una pelea, y por lo menos en la semana había un muerto. Esto era un infierno”.
Ahora, lo único que falta es que, después de las investigaciones, se diga que los únicos responsables del sufrimiento y el daño son los propios presos.