Campaña de denuncia y solidaridad ante la persecución al movimiento social en Colombia.
Somos familiares de personas víctimas de persecución política y nos acompañan abogados, defensores de derechos humanos, movimientos sociales y colectivos juveniles y estudiantiles solidarios con la situación de injusticia que padecen miles de personas injustamente perseguidas en nuestro país. Juntos, juntas, impulsamos esta campaña de denuncia y solidaridad. Los y las invitamos a que conozcan, apoyen, difundan y se sumen.
Desde hace más de tres años se viene anunciando en el país la posibilidad de un acuerdo de paz con las insurgencias. Los procesos entre el Gobierno y los grupos rebeldes de las Farc-EP y el ELN han despertado la esperanza en amplios sectores del país que creen que la solución política es un camino seguro para la edificación de la paz. Sin embargo, lo que se vive diariamente en nuestros campos y ciudades se aleja bastante de este propósito debido a la aplicación de políticas represivas que obstaculizan el avance y la participación política del movimiento social.
Los hechos ocurridos el 8 de Julio de 2015, en los que resultaron detenidas 13 personas, de las cuales 12 hacen parte del Congreso de los Pueblos, ponen en evidencia la poca voluntad de paz que tiene el Gobierno. El proceso que se ha venido realizando contra estos 13 jóvenes, ha estado marcado por un conjunto de irregularidades y arbitrariedades jurídicas con las que se ha buscado criminalizar y estigmatizar la movilización y la protesta social. Como resultado de estas irregularidades, el 11 de septiembre se levantaron las medidas de aseguramiento que privaron de la libertad a los 13 jóvenes durante casi dos meses. Sin embargo, y a pesar de haber recuperado su libertad, estos jóvenes y sus familias continúan siendo objeto de constantes ataques mediáticos e incluso de violentas amenazas por parte sujetos no identificados.
A estos hechos se suma la detención de los dirigentes de la fundación DHOC y de Marcha Patriótica, Esmer Montilla y José Samuel Rojas el 15 de julio; la detención del profesor universitario Miguel Ángel Beltrán el 31 de julio; la detención del líder indígena Feliciano Valencia el 15 de septiembre y la permanencia de dos compañeras del Caso Lebrija en el centro penitenciario de Bucaramanga, en un caso en el que fueron capturados seis jóvenes en el marco de un falso positivo judicial. Estos son sólo algunos casos en los que se aplica, de manera sistemática, el uso de la cárcel como mecanismo de represión al movimiento social.
No obstante, la política de persecución y exterminio no sólo contempla el encarcelamiento sino que avala también el asesinato de luchadores sociales. De esta manera, durante el 2015, se ejecutaron más de 60 asesinatos a defensores de derechos humanos, activistas sociales y ambientalistas, entre los que se encuentran Carlos Alberto Pedraza, Daniel Abril y Benicio Flor, por nombrar sólo algunas de las personas que han perdido la vida por su compromiso social y político con la paz y la justicia del país.
Desde la Campaña ¡Somos Dignidad! denunciamos el estado de persecución, criminalización y estigmatización del movimiento social y nos solidarizamos con todas las víctimas de la violencia política, así como con las y los presos políticos del país y sus familias. Responsabilizamos al Estado colombiano por esta situación y exigimos que muestre verdaderos gestos de paz ofreciendo garantías reales de respeto a los derechos humanos y la pronta liberación de las y los presos políticos.
Invitamos a toda la sociedad a denunciar la persecución y represión que vive el movimiento social colombiano y a trabajar juntos por la defensa de la libertad, la democracia y la dignidad, condiciones necesarias para construir la paz en nuestro país.
